La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha propuesto este jueves que la concesión de becas o subvenciones tenga en cuenta, además de la declaración de IRPF, el patrimonio, como viviendas y vehículos, con el objetivo de avanzar en la lucha contra el fraude fiscal.
Con motivo de la celebración del XXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, la asociación ha publicado un documento de propuestas para mejorar la lucha contra el fraude en el marco del Plan de Recuperación.
Entre ellas, figura reforzar el control en la concesión de becas y subvenciones teniendo en cuenta indicadores adicionales de la situación económica, como la titularidad de viviendas y vehículos o el nivel de gasto.
Además, plantean retirar la posibilidad de acceder a esas ayudas a los contribuyentes que hayan cometido faltas muy graves.
En un encuentro con medios, el presidente de la asociación de inspectores, Julio Ransés Pérez, ha abogado por una especie de "muerte civil" por la que determinados contribuyentes insolventes tengan limitado el acceso a registros de la propiedad o escrituras notariales de contenido económico.
Para combatir el cambio fraudulento de residencia fiscal, propone bajar el número de días anuales de residencia en España que obliga a tributar en el país, que actualmente es de 183, y combinarlo con los ingresos reales.
Otras medidas de lucha contra el fraude incluidas en el plan son crear dos nuevos delitos fiscales, uno para tenencia injustificada de bienes o derechos y otro para el ofrecimiento de servicios para cometer delitos fiscales.
También que se incluya una medición periódica de la economía sumergida en el Plan Estadístico Nacional, comunicar automáticamente todas las facturas a Hacienda o que en casos de operaciones entre sociedades muy vinculadas no se pueda deducir el IVA hasta que se haya obtenido ingresos.
Ransés Pérez también plantea rebajar el umbral para entrar en la lista de morosos a 300.000 euros, desde los 600.000 actuales, que figuren los nombres los administradores de empresas e incluso revocarles el NIF, es decir, su "muerte civil".
PRÓXIMA APROBACIÓN DEL IMPUESTO DE GASES FLUORADOS
La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha inaugurado el congreso, donde ha avanzado que la modificación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero llegará "próximamente" al Consejo de Ministros.
Bardón ha enmarcado esta medida en el Plan de Recuperación, donde también se encuadra la reforma fiscal, que entrará en vigor "a más tardar en 2023" y se basará en el informe que el comité de expertos emitirá en febrero de 2022.
En cualquier caso, la reforma tendrá que encontrar un equilibrio entre la consolidación de las cuentas públicas y el crecimiento económico, ha añadido, "en un momento en que la recuperación económica permita incorporar los cambios estructurales necesarios".
El presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, José Antonio Marco Sanjuán, ha celebrado que, gracias al apoyo de 70 inspectores adicionales aportados por la secretaría de Estado de Hacienda, el número de reclamaciones pendientes ha bajado de unos 350.000 a alrededor de 200.000.
EL FACTOR HUMANO EN LA ADMINISTRACIÓN
El Congreso ha dedicado su primera mesa redonda al factor humano en la Administración, donde el presidente de la Asociación de Abogados del Estado, Fernando Bertrán, ha instado a cuidar a unos funcionarios cuyo nivel de exigencia está garantizado por la propia experiencia de opositor
En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento de Madrid, Federico López de la Riva, ha alertado de la "terrible pérdida de talento" que se produce tanto por jubilación anticipada como por excedencia de altos funcionarios, en ocasiones en su mejor momento profesional, debido a "una gestión pésima de los recursos humanos en la Administración".
La vocal de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado Carmen García Santamaría ha puesto el foco en la necesidad de formación de los empleados públicos, un proceso que, a su juicio, arranca con la oposición y se complementa con reciclaje.
