lunes. 15.08.2022
Indemnizaciones millonarias

La Audiencia Nacional abre juicio oral a la excúpula de Novacaixagalicia

La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, fruto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de prejubilaciones millonarias.

La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, fruto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de prejubilaciones millonarias.

 

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decide además abrir juicio oral al exdirector general de la entidad, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y al abogado Ricardo Pradas.

 

En el auto, con fecha 4 de julio, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado les concede un plazo de veinte días para que presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas, de apropiación indebida y administración desleal, y alternativamente, de estafa, y que de forma solidaria y en el mismo plazo presten fianza por la suma de 18.915.292 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas.

 

Recuerda el magistrado Moreno que estas actuaciones se incoaron en marzo de 2012 instruidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña y, por auto de 26 de junio de 2012 se acordó la admisión de la querella formulada por la Fiscalía contra los acusados. Seguidamente, en auto de 12 de febrero de este año, se acuerda continuar la tramitación del proceso.

 

En el mismo, Moreno relata que, a mediados de 2010, con motivo de la fusión de Caixagalicia y Caixanova y de la primera petición de ayuda al FROB de 1.162 millones, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, que pertenecían a la segunda entidad, acordaron con el máximo representante Julio Fernández Gayoso "mejorar sus contratos de alta dirección" para "preparar su previsible y futura salida de la entidad". Así, Pego firmó los nuevos contratos por los que se sustituían los anteriores, "introduciéndose mejoras en las retribuciones a percibir" en caso de "desestimiento unilateral de su relación laboral" que "fueron ocultadas" al Consejo de Administración.

 

A propuesta de Fernández Gayoso, se acordó que Pego también suscribiera un contrato de alta dirección con García de Paredes, antiguo directivo de Caixagalicia "en las mismas condiciones" que los anteriores.

 

En ejecución del "plan previamente concebido para preparar su salida de la entidad y con pleno conocimiento de su próxima bancarización", el 15 de agosto de 2011 se reúne el Consejo de NGC, donde comparece Pradas para plantear "de manera abstracta, sin identificar a qué personas podía afectar ni tampoco las provisiones necesarias", que concurría uno de los supuestos necesarios, el de la fusión de entidades, para extinguir el contrato de los directivos. También informó sobre los conceptos retributivos para éstos, que eran los mismos que "para el resto de personal de la plantilla y que no existen cláusulas de blindaje, lo cual era manifiestamente incierto".

 

Por ello, el Consejo, en la creencia de que los cuatro directivos deberían cobrar por los mismos conceptos que el resto de la plantilla que se acogió al plan de prejubilaciones, declara otra vez vigentes los antiguos contratos y decide dotar una provisión "cuya cuantía no se concreta" para el supuesto de que algún día, "en el marco de un futuro incierto", se produjera el cese voluntario. En septiembre, Fernández Gayoso aprobó y liquidó los importes de Pego, que se embolsó 7,7 millones; Rodríguez Estrada (691.261 euros) y de Gorriarán (4,8 millones).

 

Mientras, José María Castellano, como presidente de la nueva entidad fusionada, liquidó la indemnización de García de Paredes de 5,6 millones "en la creencia de que la misma se ajusta a la legalidad", pero dichas liquidaciones "no fueron conocidos ni aprobados por el Consejo de Administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago", e incumplieron lo pactado con el FROB en materia de retribuciones de altos cargos y con la obligación de informar al supervisor.

 

Una vez firme dicho auto, se confirió traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, Novagalicia Banco y Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), para solicitar apertura de juicio oral, lo que el Ministerio Fiscal hizo en junio y NCG Banco en julio por los delitos de apropiación indebida y administración desleal, y alternativamente, estafa.

 

Al igual que NCG Banco, pide para los acusados tres años de prisión, multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y tres años de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con el sector financiero. Asimismo, solicitan que los contratos mencionados se declaren nulos y restituyan a Novacaixagalicia (ahora Abanca) las cantidades "ilícitamente" percibidas y que ascienden a 18,9 millones de euros.

 

Adicae, personada como acusación particular, pide apertura de juicio por los mismos supuestos delitos y penas de prisión de cuatro años, con multa de diez meses a razón de 300 euros diarios e inhabilitación para cargos empresariales durante la condena. En este auto con fecha 4 de julio, se ratifican, además, las medidas cautelares de carácter personal adoptadas en el transcurso de este proceso, y se procede a declarar como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en atención a las penas señaladas a los delitos objeto de acusación, la Sección tercera de la Sala de lo Penal

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