La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto a los ocho investigados en la llamada Operación Rei, entre ellos el exalcalde de Castro de Rei Juan José Díaz Valiño y el que era su teniente de alcalde Roberto Lorenzo. Además de Díaz Valiño y de Roberto Lorenzo, también figuraban como investigados en esta causa otros dos ediles del gobierno municipal que ambos presidían, la secretaria municipal, un ingeniero de montes y un arquitecto.
La llamada Operación Rei se dio a conocer a la opinión pública en octubre de 2009, cuando la que era titular del Juzgado de Instrucción número 3, Estela San José, acompañada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, entraba en el Ayuntamiento de Castro de Rei para un registro y ordenaba la detención del alcalde y de varios concejales del gobierno municipal.
Los registros enmarcados en esta operación, que se centró en la supuesta adjudicación irregular de obras y contratos de trabajo temporal abonados con dinero procedente de fondos europeos, del Gobierno central y de la Diputación, continuaron luego en varias dependencias de la Diputación. Llegaron a figurar en esa causa medio centenar de investigados, entre ellos la que entonces era vicepresidenta de la Diputación y hoy alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que llegó a estar detenida, aunque finalmente no llegó a ser procesada.
El ministerio fiscal consideraba que el alcalde, el teniente de alcalde y el concejal Antonio Balado se "concertaron para aprovechar la mayoría" de la que disponían en la corporación municipal para "repartir entre ellos las decisiones de contratación de obras y servicios públicos, para adjudicárselas a empresas en las que alguno de ellos mostraba interés por cualquier motivo".
El fiscal intentó probar en el juicio que para realizar esas adjudicaciones "procedían" a "acumular varias obras", de modo que el presupuesto pasase de 50.000 euros, cantidad a partir de la cual se hacía cargo del proyecto la Diputación de Lugo, pero no excediese los 200.000 euros, para evitar el procedimiento de concurso público y poder usar el procedimiento negociado.
Eso "les permitía adjudicar la obra libremente, eludiendo fraudulentamente el procedimiento legalmente establecido", de modo que limitaban "la libre concurrencia", con "el consecuente perjuicio para el interés general". Sin embargo, la Audiencia Provincial, en una sentencia de 83 folios, anula las escuchas telefónicas, que eran la principal prueba de cargo, al considerar que no fueron correctamente ordenadas en la instrucción. Por lo tanto, llega a la conclusión de que no hay pruebas para determinar que los investigados pudieron cometer algún delito con su gestión.
