El Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra acogerá el próximo lunes una vista previa relacionada con la causa abierta contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, por el presunto cobro abusivo de peajes durante la ampliación del puente de Rande. A la misma acudirá en representación de los consumidores afectados la asociación En-Colectivo, una de las entidades que se han adherido a la demanda de la Fiscalía de Pontevedra contra la concesionaria, según confirma en un comunicado.
En-Colectivo avanza que trasladará al juzgado pruebas que avalan la legitimidad de las reclamaciones de los afectados, que solicitan la devolución del importe de los peajes cobrados, consideran que indebidamente, durante las obras de ampliación del puente de Rande. Alegan que Audasa optó por seguir cobrando la totalidad del importe de los peajes a pesar de ofrecer a sus usuarios "un servicio deficiente, que no garantizaba ni la seguridad ni la velocidad requeridos a una autopista".
El Juzgado de lo Mercantil 1 de Vigo, que hace cinco meses desestimó la petición de Audasa de que se tramitase esta causa por la vía de lo contencioso-administrativo, y no la civil, admitió admitió a trámite en diciembre de 2018 la demanda de juicio ordinario presentada por la Fiscalía. En su demanda colectiva, la Fiscalía de Pontevedra solicita el reintegro de los peajes que fueron abonados en el tramo del entorno del puente de Rande entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, con los intereses legales.
La Fiscalía interesa que se dicte una sentencia que declare la nulidad del cobro íntegro de los peajes durante ese periodo y condene a Audasa a cesar en esta práctica y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España. En la descripción de los hechos que justifican la demanda, la Fiscalía hace constar que durante al menos tres años, entre el 27 de febrero de 2015 y junio de 2018, la ejecución de obras en el entorno del puente de Rande "afectó de forma relevante y constante" a la fluidez del tráfico en la autopista.
Abunda en que el tráfico se vio "permanentemente afectado", dado que la reducción del número de carriles en uso y de los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron constantes atascos. Por tanto, considera que todos los vehículos que circularon en ese tramo entre las fechas indicadas "recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad". Al desconocer la totalidad de consumidores afectados por la "práctica general abusiva" de Audasa, la Fiscalía solicita la extensión de los efectos de la sentencia a todos los usuarios que se pudieran encontrar en la misma situación.
Se remite a los datos de la propia Audasa del periodo de referencia, que cifra en unos 77 millones los tránsitos y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros de en torno a los 90 millones de euros. La Fiscalía de Pontevedra recalca que el pago del peaje tiene el carácter de contraprestación porque se entrega a cambio de recibir el uso "en perfectas condiciones" de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad. En base a este criterio, la demanda califica de "abusiva" la práctica consistente en la exigencia de la totalidad del importe del mismo peaje que cuando la autopista funciona de modo normal, aun cuando la concesionaria tenía "completa constancia" de que entonces no podía prestar el servicio en tales condiciones.
