El sindicato CIG-Banca ha informado hoy de la recepción de documentación que podría implicar al expresidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez López; su mujer, Rosa Vicenta Matilde Pascual, y al hijo de ambos, José Luis Méndez Pascual, en la comisión de delitos vinculados a la fusión de las antiguas cajas gallegas.
El secretario nacional de CIG-Banca, Clodomiro Montero, afirmó en conferencia de prensa que habían recibido la documentación de manera anónima y que la entregarán a la comisión de investigación del Parlamento de Galicia, para que la verifique y actúe en consecuencia. Se trata -explicó- de la venta de inmuebles, locales y garajes de la Corporación Caixa Galicia, que presidía Méndez López y cuyo consejero delegado era Méndez Pascual, después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciase la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.
El sindicalista ha señalado que las ventas suman un valor total aproximado de 1.800.000 euros, y que a dos días de la unión efectiva de las cajas gallegas se hizo una transacción por más de 600.000, siendo en todos los casos la perceptora Rosa Vicenta Matilde Pascual. Montero, que entregará la documentación a todos los grupos parlamentarios, compareció junto al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, quien anunció que solicitará, de forma inmediata, la reunión de la comisión de investigación, para recibir esta documentación.
El representante de la CIG recordó que su organización había comparecido ante la comisión para comparecer y aportar toda la información de que disponía sobre el proceso de fusión y señaló que la entrega ahora de estos nuevos documentos, escrituras públicas notariales, tasaciones, ingresos y anotaciones, se enmarca en el cumplimiento de este mandato, para que el órgano parlamentario sea el que los analice y compruebe su veracidad, aunque señaló su apariencia de "credibilidad"
El portavoz parlamentario dijo que se trata de un asunto de "extrema gravedad", que la documentación tiene "todos los visos de ser real" y que en ella se contienen "indicios claros de la comisión de delitos gravísimos", al vender a la mujer del entonces presidente bienes inmuebles por debajo del valor real de tasación y, "muchos de ellos, cuando la entidad ya iba a desaparecer".
Para Jorquera, esta información nueva confirma lo que esta organización había denunciado de "indicios claros de que hubo una práctica de saqueo de nuestras cajas", que ironizó que le recordaba el título de la película de Woody Allen "Coge el dinero y corre". Por ello, insistió en que es precisa la reapertura de la comisión de investigación, que anunció que su grupo solicitará "de inmediato", para abordar cómo las cajas se convirtieron en un "coto particular" de los intereses y prácticas presuntamente delictivas de los más altos directivos.
En este sentido, resaltó cómo estas personas "impusieron" una modificación de la ley de Cajas, para prorrogar su permanencia en el cargo y modificar el régimen de percepciones en su beneficio.
De Méndez López, consideró que había convertido la entidad pública en un "auténtico reinado" a cuyo frente estuvo 29 años, y constituir una "auténtica dinastía", colocando a sus hijos en puestos de alta responsabilidad.
También recordó que el directivo había recibido 16,5 millones de euros por la jubilación y pretendía cobrar otros 11 millones por abandonar el cargo con 5 años de antelación, una cantidad ésta última que el Banco de España rebajó a 2 millones. Insistió en que la documentación recibida por la CIG "avala prácticas de saqueo", unos hechos de "suficiente gravedad" como para reabrir la comisión de investigación, que -denunció- se encuentra "hibernada".
El portavoz del Bloque recordó que el plan de trabajo de la comisión de investigación contempla la posibilidad de que, ante nuevos hechos relevantes, se puedan reabrir y sustanciar nuevas comparecencias, por lo que anunció que su grupo demandará la presencia ante ella de José Luis Méndez López y su hijo. Denunció asimismo que el 4 de julio de 2013 se registraron las últimas comparecencias y, ya al día siguiente, el BNG dijo que "no se podría dar por cerrado" su trabajo.
En su opinión, en esta comisión de investigación, el PP optó por un "régimen de comparecencias exprés", para que la comisión tuviera la mínima repercusión posible y después "meterla en el congelador" y esperar a la "muerte" de las cajas y a que las conclusiones no tuvieran repercusión alguna.
También subrayó que las propias normas de la comisión recogen que, en caso de apreciar indicios de delito, puede trasladar a la Fiscalía el asunto para que ejerza las acciones legales pertinentes. En este sentido, Clodomiro Montero señaló que, de no avanzar esta vía parlamentaria, será el sindicato quien entregue la documentación al ministerio público.
