La CIG exige que la sentencia que declara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) del Grupo Freiremar por el que se extinguieron 322 contratos, 101 de su centro en Vigo, se ejecute con la "máxima rapidez" para que los afectados puedan conocer si son readmitidos tras un largo "periplo judicial".
El responsable de Alimentación, Mar y Transportes de la CIG, Xosé Piñeiro, ha reconocido en rueda de prensa que la reapertura inmediata de los centros de trabajo en Vigo es "inviable" al no contar "ni con materia prima ni con una situación organizativa que lo permita". Piñeiro ha aclarado que es la administración concursal la encargada ahora de "tomar una decisión", y que existe además la posibilidad de que se presente un recurso de casación en un plazo de cinco días tras el dictamen judicial.
El responsable sindical ha explicado que dicha determinación de los administradores se asentará sobre la base de que el negocio "pueda continuar, se tenga una oferta o se pueda sondear el mercado para que alguien lo compre", ha enumerado. Asimismo, ha reconocido que cabe la posibilidad de abrir un ERE temporal a la espera de que se produzca "la puesta a punto de la factoría y del frigorífico". "Hay una sentencia pero su aplicación en una u otra dirección va a depender de la administración concursal.
Los trabajadores aspiran, en el peor de los escenarios, a perder su puesto de trabajo y tener las mejores condiciones económicas", ha sentenciado. Miguel García, miembro del comité de empresa de Freiremar, ha reconocido que los trabajadores "confían" en que desde la administración se "cumpla la sentencia, nos readmitan y se vuelvan a abrir los centros de trabajo", dado que, consideran, "la empresa continúa siendo viable".
El ERE del Grupo Freiremar por el que se extinguieron 322 contratos, 101 en su centro de Vigo, fue declarado nulo por la Audiencia Nacional, que decretó además la readmisión y de los trabajadores y el abono de sus salarios hasta la fecha. La CIG mantendrá mañana una reunión informativa con los trabajadores, a la espera de que "las incógnitas se despejen en un plazo de dos semanas".
