El ministerio público, en un escrito de once folios fechado el 9 de enero de 2017, pide que la Operación Pulpo, que fue abierta en su día para aclarar la existencia de supuestas irregularidades en un programa de visitas guiadas de la Diputación de Lugo, sea dividida en diferentes piezas y enviada a reparto entre los diferentes juzgados de instrucción de la capital provincial.
Fuentes de la propia Fiscalía de Lugo precisaron que ese escrito viene motivado por el hecho de que, desde las investigaciones iniciales, se han "ido acumulando" por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara, una serie de "hechos que no pueden acumularse". Los mismos informadores precisan que esta investigación "parte de la denuncia de una trabajadora" de la Diputación Provincial en relación con un presunto "acoso" en el trabajo y una "supuesta malversación".
"Esos hechos se investigan" y en el transcurso de las diligencias "aparecen otros hechos", susceptibles de ser objeto de investigación por la existencia de indicios de delito, que "se van acumulando", lo cual desde el punto de vista del ministerio público es algo "anómalo".
El criterio de la Fiscalía es que esa causa debe ser "desglosada y enviada a reparto", porque es lo que dijo "el Tribunal Supremo" en casos como el de la retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo. Si no existe una conexión directa entre los delitos investigados, sostiene la Fiscalía, eso no significa que todo el proceso vaya a ser "nulo", pero mantiene que lo más adecuado es dividir la causa en piezas y enviarla a reparto, para que cada juzgado se haga cargo de la investigación correspondiente.
