El mismo día en el que se hará efectiva la renuncia de la directiva de la Cámara de Comercio de Lugo, por la imposibilidad de realizar cualquier tipo de gestión en un institución "embargada por los juzgados", fuentes de la Consellería de Economía e Industria indicaron que la Xunta activará "los mecanismos necesarios" para garantizar la "gobernabilidad" de la institución.
Esas mismas fuentes informaron a EFE de que la Dirección General de Comercio, como Administración que ejerce tutela sobre las cámaras de comercio, pondrá en marcha las gestiones necesarias para constituir una nueva gestora "cuando se tenga conocimiento oficial de la dimisión" de los miembros del plenario. La nueva gestora se hará cargo de la "gobernabilidad" de la institución, pero entre sus funciones figura la de convocar elecciones para constituir de nuevo el pleno de la Cámara de Comercio.
En una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por los demás miembros del pleno y un representante de la Confederación de Empresarios, el todavía presidente de la Cámara de Comercio, Luis Abelleira, afirmó recientemente que todos entraron con el compromiso de "levantar las alfombras y mover los muebles" y lo que se encontraron fue "un agujero de 5,3 millones de euros".
Abelleira sostuvo que la nueva directiva buscó por todos los medios una solución para tratar de reflotar a la institución, "pero todo lo que entra en la Cámara está embargado por los juzgados", dado que los antiguos trabajadores de la plantilla, "reclaman lo que es suyo".
Aunque en los últimos meses, explicó, la directiva trató de reunir "calderilla" para "ir pagando la luz y el gas", los tres trabajadores que todavía permanecen en sus puestos para mantener abierto el edifico Forcam, en el que tiene su sede la UNED, llevan muchos meses sin cobrar sus nóminas. Por ello, el presidente de la Cámara consideró que en esas condiciones "no hay posibilidades de gestión alguna".
Por su parte, la Consellería de Economía e Industria recordó que en su momento se hizo una auditoría de las cuentas de la institución e incluso se pusieron los datos de ese estudio en manos de las Fiscalía para determinar si hubo indicios de delito en la gestión de la Cámara.
