jueves 26/5/22
Operación Muralla

Los acusados ratifican el acuerdo con Fiscalía y ponen fin a la O. Muralla

Los dos únicos acusados que quedaban en la llamada Operación Muralla, José Manuel Romay López y José Enrique Cacicedo, después de que la causa contra el expresidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, fuese sobreseída, ratificaron hoy en la Audiencia Provincial el acuerdo al que habían llegado sus defensas con el ministerio fiscal. 

Los dos únicos acusados que quedaban en la llamada Operación Muralla, José Manuel Romay López y José Enrique Cacicedo, después de que la causa contra el expresidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, fuese sobreseída, ratificaron hoy en la Audiencia Provincial el acuerdo al que habían llegado sus defensas con el ministerio fiscal.

 

Junto a Cacharro figuraban en la causa José Manuel Romay López, que fue ingeniero jefe del servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo entre los años 1982 y 2005, y José Enrique Cacicedo, socio de la empresa que fundó el primero y que, supuestamente, se benefició de la adjudicación de más de un centenar de contratos de la institución provincial. Inicialmente, el ministerio fiscal les imputaba a los tres un delito continuado de prevaricación y otro de fraude a la Administración o, alternativamente, de negociaciones prohibidas a funcionarios.

 

Para los tres acusados, el ministerio fiscal pedía por el delito de prevaricación una pena de diez años de inhabilitación, así como tres de prisión y otros diez de inhabilitación por fraude a la Administración. Finalmente, según informaron a EFE fuentes jurídicas, ambos acusados admitieron un delito continuado de negociación prohibida a funcionarios, con una pena de un año inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de doce meses a razón de 10 euros por día -3.600 euros-. Previamente, la Audiencia Provincial de Lugo había decretado el "sobreseimiento libre" de la causa en relación con el expresidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo.

 

La letrada que se hizo cargo de su defensa, Lucía Vázquez, explicó a EFE que había "base suficiente para que la acusación" fuese retirada, dado que los contratos investigados ni siquiera fueron adjudicados directamente por él. Vázquez precisó que el sobreseimiento de la causa ya se solicitaba en el escrito de defensa y, de hecho, precisó que incluso se llegó a pedir en su momento la nulidad de las actuaciones referidas a Francisco Cacharro, porque primero compareció como testigo para pasar luego a la condición de imputado. Según la letrada, esa circunstancia impidió que la defensa estuviese presente "en todo el procedimiento" y afectó a aspectos tan básicos como la posibilidad de asistir "a las declaraciones" de los demás testigos o imputados en la causa.

 

De hecho, Lucía Vázquez reconoció que incluso "había posibilidades de que la nulidad de actuaciones", que iba solicitarse en el momento de plantear cuestiones previas antes del inicio del juicio, "hiciese efecto". Por otra parte, incidió en que el escrito de defensa también se hizo constar que "los 102 contratos a los que se refería la Fiscalía ni siquiera habían sido adjudicados de forma personal por Francisco Cacharro, sino que habían sido adjudicados por los tres vicepresidentes" que había en aquel momento en la Diputación. "En el escrito de defensa se aportó una nueva certificación en la que la Diputación especificaba que esos contratos en concreto, que eran los que se imputaban, no habían sido adjudicados por Francisco Cacharro", concluyó.

 

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