La administración concursal de Martinsa Fadesa ha sacado a la venta un nuevo lote de activos compuesto por viviendas en Huelva y La Rioja, suelos en Málaga, Canarias y Madrid, un local comercial, así como dos campos de golf en Ayamonte por un importe conjunto de 22,2 millones de euros. El activo de mayor valor es una finca en Antequera (Málaga) de 334 hectáreas, que sale a la venta por 7,09 millones de euros. Además, destacan tres parcelas residenciales en Colmenar Viejo (Madrid) de 3,8; 1,15 y 1,07 millones de euros, respectivamente.
En Getafe, los actuales administradores de la compañía -en liquidación- han puesto a la venta una parcela por 3,7 millones, mientras que en Ayamonte (Huelva) han incorporado dos suelos residenciales por un total de 2,25 millones de euros. También destacan dos campos de golf de 18 hoyos con 1.633.439 m2 de superficie y 4.055 m2 de edificabilidad. Ambos, junto a la casa del club se encuentran en la urbanización Costa-Esuri y salen a la venta por 1,1 millones.
Asimismo, la inmobiliaria ha puesto a la venta 19 viviendas en Ayamonte y en La Rioja por 919.195 millones, así como dos activos residenciales en Las Palmas por 260.000 euros. Las ofertas se podrán presentar hasta el próximo 4 de abril. Además, actualmente está abierta -hasta el 18 de marzo- una subasta de activos de la compañía entre los que se encuentran el campo de golf de Aranjuez (Madrid) y el campo de golf de Jaca o 20 locales en A Coruña, Murcia, Asturias, León, Madrid y Huesca. También 180 garajes en Canarias, Madrid, Asturias, Mallorca, León, Toledo y Almería; 4 viviendas en Valencia y 1 en Sevilla, así como 3 suelos en desarrollo en Salamanca, Madrid y Sevilla.
Una parcela en Las Palmas por 31 millones y suelos en Huelva, Madrid, Tenerife, Cantabria, Valladolid, Orense, La Rioja, Huesca y Valencia. El proceso de liquidación de la inmobiliaria comenzó antes del verano de 2015, después de que a comienzos de marzo del pasado año el juzgado acordase la apertura de la fase de liquidación de Martinsa Fadesa y de otras cinco entidades deudoras. Esta decisión se produjo tras la petición hecha por el consejo de administración, el 2 de marzo, y ante el rechazo de las entidades financieras acreedoras para modificar los convenios concursales aprobados en marzo de 2011.
