jueves 21/10/21
Operación Zeta

Mato ve que Crespo juega al "despiste" con el acto de conciliación

La conselleira de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, ha considerado hoy que detrás del acto de conciliación fijado para el próximo día 19 y previo a una querella por injurias y calumnias anunciada por el empresario Gerardo Crespo, se esconde "la intención de despiste" de este empresario. 

La conselleira de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, ha considerado hoy que detrás del acto de conciliación fijado para el próximo día 19 y previo a una querella por injurias y calumnias anunciada por el empresario Gerardo Crespo, se esconde "la intención de despiste" de este empresario.

 

"Sigo teniendo el convencimiento de que lo que está detrás de todo esto es la intención del despiste de lo más importante", ha señalado la responsable autonómica a preguntas de los informadores tras la firma de un convenio de colaboración en materia de formación profesional en Compostela. Al respecto, Mato ha reiterado que no entrará "en el juego de esta persona" y ha subrayado que la Xunta ha puesto "todas las herramientas posibles" a disposición de la jueza para clarificar "lo realmente importante, si hubo o no hubo fraude en la utilización de fondos públicos".

 

El Juzgado de Primera Instancia número dos de A Coruña acogerá el jueves 19, a partir de las 9.30 horas, el acto a petición de Gerardo Crespo, que piensa que Beatriz Mato vertió injurias y calumnias contra él. El pasado 2 de febrero, este empresario y militante del Partido Popular desde los tiempos de Alianza Popular ya anunció la tramitación del acto previo a la querella, que dijo que estaban "frenando" en sede judicial. En su declaración de entonces, cuando acudió a prestar testimonio como imputado, opinó que la conselleira había hecho unas declaraciones sobre él que no se ajustaban a la realidad, en especial en materia de cursos de formación, por lo que solicitó la conciliación, previa a la querella.

 

El presidente de Azetanet está imputado en la Operación Zeta, que investiga un posible fraude en el cobro de subvenciones por el que se ha imputado además a treinta personas, entre ellas cargos públicos, organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales.

 

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