sábado 23/10/21
Juicio

Piden 3 años de cárcel para un sindicalista que participó en la huelga del metal en 2009

Xosé Carlos Riveiro, afiliado a la CIG, ha sido juzgado hoy en un proceso en el que la acusación particular, ejercida por la empresa Electricidad EYP, solicita para él una pena de 3 años de cárcel y una multa de 3.000 euros por vulnerar el derecho al trabajo, y otros delitos, durante un piquete en la huelga del metal de 2009 en Vigo.

Xosé Carlos Riveiro, afiliado a la CIG, ha sido juzgado hoy en un proceso en el que la acusación particular, ejercida por la empresa Electricidad EYP, solicita para él una pena de 3 años de cárcel y una multa de 3.000 euros por vulnerar el derecho al trabajo, y otros delitos, durante un piquete en la huelga del metal de 2009 en Vigo.

 

Coincidiendo con el juicio, que comenzó a las 12.00 horas de esta mañana en los edificios judiciales de la ciudad olívica, decenas de compañeros del acusado se han concentrado en el lugar para expresar su apoyo y denunciar "la criminalización de la clase obrera".

 

La Fiscalía ha formulado un escrito absolutorio porque considera que "no ha podido acreditarse" que Xosé Carlos Riveiro "cometiera algún delito", y ha apuntado durante la vista oral que los delitos de allanamiento y daños que también estima la acusación particular ya están prescritos. La defensa ha coincidido con lo expuesto por el Ministerio Público y ha destacado que no se haya presentado ningún elemento probatorio durante el juicio o se haya escuchado la versión de algún testigo.

 

Xosé Carlos Riveiro ha salido de los juzgados entre los aplausos de sus compañeros y, visiblemente emocionado, ha agradecido a los presentes su solidaridad. El secretario comarcal de la CIG en Vigo, Alberte Gonçalves, ha denunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, el que considera "un acto de agresión contra el movimiento sindical gallego y, en particular, contra el movimiento sindical combativo".

 

Ha censurado que se intente "meter en la cárcel" a un trabajador que defendía, en aquel momento, "unas mejoras en el convenio colectivo" del metal y ha valorado que las acciones tomadas por la empresa van "en la línea de amedrentar al movimiento obrero". La CIG critica, además, que la acusación "incurre en numerosas contradicciones", ya que durante los supuestos hechos denunciados la empresa estaba "completamente vacía". El juicio ha quedado visto para sentencia.

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