El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete de medidas para enfrentar la crisis de la vivienda en España. Estas acciones se centran en ampliar la oferta, regular el mercado y ofrecer mayores apoyos. A continuación, un desglose más detallado de cada medida:
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Viviendas públicas y colaboración con el sector privado:
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Transferencia de inmuebles y suelo: Se destinarán 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda. Este organismo gestionará los inmuebles para destinarlos al alquiler asequible y a proyectos de vivienda pública.
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Gestión de inmuebles de la Sareb: La empresa pública incorporará más de 30.000 inmuebles de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de los cuales 13.000 estarán disponibles de forma inmediata.
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Reforma de la Ley del Suelo: El Gobierno buscará reactivar esta legislación para fomentar la construcción de viviendas mediante acuerdos de colaboración público-privada, garantizando así un flujo constante de nuevas promociones.
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PERTE de viviendas: Se establecerá un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en Valencia, destinado a modernizar el sector de la construcción e incentivar la industrialización de procesos. Esto contribuirá al fortalecimiento del tejido empresarial en las zonas afectadas por fenómenos naturales como la DANA.
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Movilización de viviendas vacías:
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Sistema de avales públicos: La Administración General del Estado proporcionará garantías financieras para que los propietarios alquilen sus viviendas con seguridad, y los inquilinos, especialmente los menores de 35 años, puedan acceder al alquiler con mejores condiciones.
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Plan de rehabilitación de viviendas vacías: Este programa busca incentivar la reforma de inmuebles desocupados para incorporarlos al mercado de alquiler a precios asequibles durante al menos cinco años. Los propietarios recibirán subvenciones para costear las reformas, lo que permitirá reactivar viviendas que permanecen infrautilizadas.
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Beneficios fiscales:
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Exención del 100 % del IRPF: Los propietarios que arrienden sus viviendas siguiendo los precios de referencia del Gobierno, sin importar si se encuentran en zonas declaradas tensionadas, estarán exentos del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta medida busca fomentar un mercado de alquiler asequible y regulado.
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Regulación de pisos turísticos y gravamen a compradores extranjeros:
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Fiscalidad de pisos turísticos: Los inmuebles destinados al turismo deberán tributar como negocios hoteleros, lo que equipara sus cargas fiscales con las de los establecimientos hoteleros tradicionales y evita la competencia desleal.
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Gravamen especial a compradores extranjeros no comunitarios: Para frenar la especulación, se aplicará un gravamen del 100 % del valor del inmueble a las compras realizadas por ciudadanos extracomunitarios no residentes, con el objetivo de proteger el acceso a la vivienda para la población local.
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Ampliación de ayudas sociales:
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Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026: Este plan ampliará los programas de ayudas para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas degradadas. Además, incluirá iniciativas específicas para fomentar la integración social y la mejora de las condiciones de vida en barrios con alta vulnerabilidad.
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Con estas medidas, el Gobierno busca fomentar la creación de un parque de viviendas accesibles, limitar la especulación y garantizar un acceso más equitativo al mercado de la vivienda.