La energética gallega Reganosa afronta un difícil futuro por las irregularidades administrativas de su planta de regasificación en el municipio coruñés de Mugardos, la pugna con sus competidores o los escándalos de presunta corrupción de algunos accionistas y socios. El Tribunal Supremo declaró nula en julio pasado la exención del trámite de evaluación ambiental para Reganosa acordada por el Consejo de Ministros en 2016 del Gobierno del entonces presidente en funciones Mariano Rajoy.
Esta se suma a otras cuatro decisiones del Supremo -que anulan un plan de modificación urbanística municipal para ubicar la planta así como la autorización administrativa previa, un proyecto de ejecución de obra y un plan de emergencia exterior, ambos de la Xunta-, aunque Reganosa subraya haber ganado otros diez procesos judiciales.
La planta tiene capacidad para 300.000 metros cúbicos y un gasoducto de un centenar de kilómetros, emplea a más de cien trabajadores y facturó el año pasado cerca de 50 millones de euros, de los que obtuvo unos 12,5 millones de euros de beneficio. Su ubicación, es contestada por varios colectivos por las irregularidades en la estrecha y sobre todo poco profunda zona de la ría de Ferrol, que limita, además, la maniobra a los buques que proveen gas licuado a la planta.
El Comité Cidadán de Emerxencia, una asociación de ecologistas, mariscadores y vecinos de la zona, lleva dos décadas denunciando los riesgos para la población de un eventual accidente de la planta o de los buques que periódicamente descargan combustible, así como los problemas medioambientales que puede generar. La diputada Yolanda Díaz, originaria de Ferrol, pide desmantelar la planta por estar cerca de "viviendas habitadas y núcleos de población", que considera una "bomba de relojería".
Díaz, abogada y posible ministra en el futuro gobierno de Pedro Sánchez, indicó recientemente que en la Audiencia Provincial de A Coruña han sido citados dos exaltos cargos de la Xunta investigados por "falsear documentos y ocultar informes contrarios" al dragado de la ría, efectuado aparentemente para facilitar el acceso de buques. Reganosa -controlada con 50,5 % por el grupo gallego Tojeiro, además de un 24,3 % por la Xunta, un 15 % por el conglomerado japonés Sojitz y el 10 % restante por la firma pública argelina de energía Sonatrach-, es para Díaz "un ejemplo de corrupción política y empresarial sostenido e intolerable".
La investigadora Marta Galán, de la Universidad Politécnica de Cataluña, señaló en un estudio en 2011 que el proyecto de Reganosa se benefició de "poca agilidad del sistema judicial" y del hecho de que el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, "acumulaba mucho poder" en Galicia y en España. Según Galán, el empresario gallego Roberto Tojeiro, principal promotor de la iniciativa y mayor accionista de la empresa, viajó hace dos décadas a Libia para negociar un acuerdo comercial con el gobierno del entonces dictador Muamar el Gadafi pero, al no conseguirlo, inició conversaciones con Sonatrach.
El grupo Sonatrach está ahora acechado desde hace meses por numerosos escándalos de corrupción y en abril pasado fue incluso cesado el entonces director general, Abdelmumen Uld Kaddur, tras la detención provisional del multimillonario Issad Rebrab, tras un proceso judicial lanzado contra varios hombres de negocios desde la renuncia del anciano expresidente argelino Abdelaziz Bouteflika. Reganosa, que trata de buscar negocio fuera de España, obtuvo a principios de 2017 un contrato de mantenimiento de la planta de gas de Delimara, en Malta, propiedad del consorcio multinacional ElectroGas, uno de cuyos directivos y propietarios, Yorgen Fenech, fue arrestado por supuestos vínculos con el asesinato en 2017 de la periodista Daphne Caruana Galizia por un coche bomba.
La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa alertó en junio pasado de la necesidad de investigar ese y otros escándalos sin resolver en Malta, entre ellos el de supuestas irregularidades en la concesión a ElectroGas de la planta y la presunta corrupción de algunos de sus propietarios, entre los que figura la empresa pública de energía de Azerbaiyán.
Reganosa, cuya planta de Mugardos mantiene una actividad baja, se enfrenta además a la pugna en el mercado español con Enagás, una empresa diez veces mayor, pero también a la competencia con otras grandes multinacionales en la búsqueda de contratos en otros países. La energética gallega deberá inevitablemente asumir también el reto de la descarbonización de la economía, que puede brindarle alguna oportunidad en el proceso de transición, por ser el gas menos contaminante que otros carburantes, pero no a largo plazo, por ser igualmente un combustible fósil.
