La agencia de medición de riesgos Standard and Poor's ha elevado un escalón (de BBB- a BBB) la nota de las comunidades de Galicia, Madrid, Aragón, Canarias y Extremadura, en tanto que ha mejorado la perspectiva de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Cataluña, a las que mantiene la calificación.
En el caso de Galicia, la Comunidad de Madrid y Aragón la mejora de la nota está en línea con la subida de la calificación de España hace unos días, ya que S&P considera que estas regiones no cuentan con un marco de financiación lo suficientemente autónomo como para resistir mejor que el país una situación de falta de crédito. Asimismo, recuerda que la mayor parte de los ingresos de estas comunidades provienen de las transferencias del propio Estado central, por lo que no reúnen las características necesarias para poder tener una nota superior a la de España. La subida de calificación de Canarias y Extremadura es explicada por las mejores expectativas económicas de estas comunidades, ya que la agencia considera que una mejoría generalizada de la economía española beneficiará especialmente a unas comunidades que cuentan con una alta tasa de paro.
Ambas tienen además una perspectiva estable porque S&P prevé que cumplan sin desviaciones significativas los objetivos presupuestarios en el periodo 2014-2016. Andalucía y Baleares mejoran su perspectiva de negativa a estable, pero mantienen la calificación en BBB- (un aprobado raspado), porque S&P espera que sigan progresando en el proceso de reducción del déficit público y que sigan disfrutando de los mecanismos de liquidez provistos por el Estado.
No obstante, en ambos casos la posibilidad de subir la nota se ve frenada por una gestión presupuestaria y financiera negativa, conforme a los criterios de S&P, que ha dado lugar a un alto nivel de endeudamiento y a problemas para hacer frente a sus obligaciones de pago. De Cataluña también espera que siga recortando su déficit fiscal, con el apoyo de liquidez del Estado central, por lo que le adjudica una perspectiva estable que evitará futuras bajadas de nota. Sin embargo, mantiene su calificación en BB, en la franja de lo que se denomina "bono basura", ante una situación presupuestaria débil y un largo historial de desequilibrios fiscales, aunque le reconoce las importantes medidas de ajuste que ha venido aplicando desde 2012 y que le han permitido ir corrigiendo el desfase de las cuentas públicas.
Por su parte, la Comunidad Valenciana se queda con la nota más baja, un BB- que también está considerado como "bono basura", si bien S&P ha mejorado su perspectiva a estable porque prevé que pueda seguir progresando en el proceso de consolidación fiscal ante la mejoría de la coyuntura económica del país. Su baja calificación refleja la aún débil situación de la comunidad tras una gestión financiera muy negativa que ha llevado a las dificultades de liquidez y al elevado nivel de endeudamiento que actualmente padece. S&P señala como factor positivo el "fuerte apoyo" que la Comunidad Valenciana recibe del Estado central para aliviar esa situación, un respaldo que se extiende a todas las autonomías que lo necesitan.
