El juicio que hoy iba a celebrarse en la Audiencia Provincial de Lugo contra un transportista y dos ganaderos acusados de un supuesto delito de estafa, por ponerse de acuerdo para añadir agua a la leche que le vendían a una fábrica de quesos y derivados lácteos ubicada en el municipio lucense de Abadín, quedó finalmente suspendido.
Fuentes judiciales informaron a EFE de que el juicio fue aplazado por enfermedad de uno de los acusados y, al menos de momento, no ha sido señalada nueva fecha para la celebración de la vista. Uno de los acusados, I.P.C, trabajó durante los años 2010 y 2011 como transportista autónomo para la citada industria láctea y se ocupaba de realizar dos rutas de recogida de leche diferentes en días alternos, una de ellas por el municipio de Abadín y la otra por los municipios de Vilalba y Cospeito.
En el transcurso de esas rutas, el transportista recogía la leche producida por las explotaciones agropecuarias de su hermano, M.P.C, y de su suegra, L.M.C, ambos acusados. En su escrito de acusación, al que EFE ha tenido acceso, el ministerio fiscal sostiene que los tres acusados, "puestos de previo y común acuerdo y obrando con ánimo de ilícito enriquecimiento, añadieron agua a la leche recogida y transportada", para "aumentar su volumen y, en consecuencia, la remuneración obtenida por su venta".
El fiscal sostiene que esa maniobra de los acusados "se mantuvo en el tiempo durante varios meses", hasta que "la empresa sospechó" de que "no se trataba de un hecho accidental o aislado y se verificó el fraude mediante las pruebas y analíticas oportunas". El ministerio público recuerda que "al añadir agua a la leche disminuye su contenido de materia grasa", necesaria para "la producción de quesos y otros derivados", por lo que la empresa no "sólo sufrió el quebranto económico de pagar por más litros de leche de los realmente producidos, sino también el ocasionado por la baja calidad de la leche".
"La merma en la calidad afectaba a la totalidad de la leche" recogida por la cisterna del acusado, que transportaba cada día entre 8.000 y 10.000 litros, por lo que las pérdidas ocasionadas por esta supuesta estafa fueron estimadas en 180.000 euros, una cantidad que la empresa perjudicada reclama. Los tres imputados han sido acusados por un delito continuado de estafa y el fiscal pide para cada uno de ellos una pena de cuatro años de prisión.
