Trabajadores de Grupo Pórtico, que ayer solicitó la liquidación voluntaria, que ha aceptado el Juzgado de lo Mercantil 2 de Pontevedra, achacan a la "mala gestión" de la dirección el posible cierre de la firma de menaje y decoración a no ser que algún inversor compre la misma, como hizo Tous con una de sus exfiliales, Dayaday.
Miguel Soto, uno de los 183 trabajadores que quedaba en plantilla -donde se incluyen los de Logística Balboa y Silomundi- después de un ERE extintivo por el que se fueron a la calle otros 200 en noviembre de 2013, ha explicado hoy que el único argumento de la dirección es que hizo una "mala previsión económica y de ventas".
Ha expresado su sorpresa por que la compañía ni siquiera esperara a la campaña de Navidad para ver si podía cumplir un convenio de acreedores que establecía quitas del 50% sobre una deuda de 37 millones de euros, más otros 12% privilegiados que quedaron al margen. Dicho convenio incluía un plan de viabilidad para la compañía que, entre otras acciones, preveía una ampliación de capital por un importe máximo de 2,5 millones de euros.
El mismo dio pie a que Grupo Pórtico saliera del concurso de acreedores en junio después de recibir "el apoyo" de Xunta, Gobierno, Hacienda, Fogasa, inversores como Gordon Brothers y de los propios empleados, ha enfatizado Soto.
Este trabajador ha detallado que la dirección intentó negociar con las entidades financieras, adicionalmente al contenido del citado convenio, una línea de financiación que no le fue concedida, lo que precipitó la petición de liquidación. Soto, que aguarda, al igual que el resto de la plantilla, a que el comité se reúna entre hoy y mañana con el administrador concursal para que aclare, entre otras cuestiones, a cuánto asciende la deuda, ha indicado que la compañía necesitaba un millón de euros al mes solo para hacer frente al gasto corriente.
Precisamente ayer, horas antes de pedir la liquidación voluntaria, la dirección abonó a los trabajadores la nómina de octubre, con lo que solo le adeuda la extra de septiembre.
En el auto de liquidación, dictado ayer por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Pontevedra, se recoge que la apertura de este proceso producirá el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones.
Fija un plazo de quince días, aunque ampliable, para que la administración concursal presente un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la enajenación unitaria del conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas del concursado o de algunos de ellos. Asimismo, acuerda la apertura de la sección de calificación del concurso a los efectos de determinar las causas del incumplimiento del convenio y las responsabilidades a que hubiere lugar.