Representantes del transporte de mercancías por carretera en Galicia se han desmarcado este miércoles de un nuevo paro en el sector como el organizado durante el mes de marzo en protesta por el alza del precio de los combustibles, que causó graves complicaciones en la cadena logística de toda España.
Asociaciones representativas del sector y miembros del clúster de la función logística en Galicia han mantenido esta mañana un encuentro con la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, para abordar las medidas que se deben tomar, tanto por parte de la Xunta como del Gobierno central, con el fin de amortiguar la actual crisis.
"Nosotros no paramos antes ni queremos parar ahora", ha defendido el presidente de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), Ramón Alonso, que ha apostado por "seguir dialogando" y por que sean los cargadores y los contratistas quienes asuman el incremento de los precios de los carburantes.
"Lo que tienen que hacer es subir el precio", ha advertido Alonso, que ha instado a sus socios a llevar la iniciativa y no permitir que se firmen contratos que no cubran los costes del porte, como ha denunciado que está aconteciendo.
"Si nos dejamos explotar, seguirán explotándonos. Lo que hay que hacer es, cuando no interesa el precio del transporte, no hacerlo. Yo lo tengo muy claro hace mucho tiempo", ha zanjado sobre este tema.
Por su parte, el gerente del clúster de la función logística de Galicia, Iago Domínguez, ha defendido que se deben adoptar medidas tanto de corte coyuntural como estructural para frenar el incremento constante de los precios del combustible y sus efectos adversos sobre el sector.
Domínguez ha celebrado que haya existido "consenso" en la reunión de hoy sobre el diagnóstico de la situación y las soluciones a adoptar, que pasan por cambios legislativos y normativos "para ir mejorando el sector del transporte" a medio plazo; mientras que, con carácter urgente, se actúa para "paliar" la "verdadera problemática" que está causando la subida del gasóleo, que -ha advertido- "no va a bajar en el corto plazo".
Según el gerente, es clave establecer mecanismos para asegurar que las ayudas que disponen las autoridades lleguen de forma efectiva a sus destinatarios y no se pierdan por el camino, ya que, en el caso de la rebaja lineal de veinte céntimos por litro de combustible, no ha sido del todo así.
En palabras de Domínguez, es "llamativo" que, tras aprobarse esta medida, los precios medios de España pasasen de estar por debajo del promedio europeo a superarlo.
En cualquier caso, ha manifestado que "no hay una sensación" favorable al paro entre el sector logístico y ha señalado que un cese de la actividad como el del pasado mes de marzo "impactaría tanto en las empresas que están haciendo las cosas bien como en las que están haciendo las cosas mal", lo que no ha considerado justo.
Así pues, la conselleira Ethel Vázquez ha sostenido que el descuento de veinte céntimos ha demostrado ser "claramente insuficiente" para atajar los problemas de los transportistas e incluso "contraproducente", dado que -en su opinión- ha provocado un "efecto contrario al que se buscaba".
"El precio del combustible es un asunto prioritario que se debe de solucionar para resolver el problema que tiene el transporte de mercancías a día de hoy", ha afirmado Vázquez, que ha alertado de la "asfixia" del sector y que ha demandado al Gobierno central medidas coyunturales como una rebaja temporal del tipo mínimo del impuesto sobre hidrocarburos o líneas temporales para incentivos fiscales.
Con todo, también ha destacado la importancia de "hacer seguimiento en toda la cadena logística en cuanto a cómo se repercute ese aumento del precio de los combustibles".
A más largo plazo, ha subrayado que debe revisarse la legislación laboral para aclarar las responsabilidades en las tareas de carga y descarga y en cómo se traslada el precio del gasóleo a los contratos de transporte.
Mientras tanto, la conselleira ha defendido que el Gobierno gallego actúa en el marco de sus competencias y se ha comprometido a facilitar la formación de los trabajadores ofreciendo cursos en línea, a reforzar el arbitraje para "una respuesta más rápida y ágil en momentos de conflicto" o a asegurar la vigilancia de las áreas de descanso.
Sin embargo, a las preguntas sobre ayudas directas para el sector, ha respondido incidiendo en que se trata de una "competencia estatal" y que debe ser el Gobierno central quien se encargue.
