El perito llamado por el FROB por la querella contra NCG Banco tras la pérdida del dinero aportado por varios inversores gallegos ha culpado de la amortización de estas inversiones a un año, 2012, "muy convulso", unido a la regulación del Banco de España y al "rescate bancario desde la Unión Europea".
NCG Banco y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se han enfrentado hoy a la última sesión del tercer proceso judicial por la demanda de varios inversores gallegos que perdieron más de setenta millones de euros entre 2011 y 2012 tras la operación acordeón realizada en la entidad.
Demandan el presidente de Inveravante, Manuel Jove, tras perder 6.025.223,30 euros; el responsable de Ranebe 2003, Ramón Devesa, con 2.008.408,11; el máximo mandatario de Rodman, Manuel Rodríguez Vázquez, con 100.420,86; y el presidente de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández-Latorre, y José Luis Vázquez Mariño, cada uno con una inversión de 200.840,71 euros.
El perito llamado por el FROB, José Luis Sanchidrián, ha explicado que "los inversores entraron al mismo valor al que entró el FROB, y solo había una diferencia por el tema temporal, que se aplicaron unos intereses", que ascendían al 12,5 por ciento anual. En su opinión, el ajuste retroactivo de 1.127 millones de euros que se hizo tras la entrada de los inversores, aunque con efecto retroactivo a trece días antes de su llegada, "no les afectó", si bien después del mismo existió una necesidad de capital adicional de 948 millones de euros.
Según ha explicado, perdieron el dinero por la "la amortización de todas las acciones emitidas hasta ese momento" llevada a cabo con "el plan de resolución de la entidad en diciembre de 2012". Esto fue "consecuencia de un ejercicio 2012 muy convulso" unido a los cambios normativos del Banco de España y "al rescate bancario llevado a cabo desde la Unión Europea".
Preguntado por si los inversores debían haber supuesto que no existiría la necesidad de un nuevo ajuste tras uno previo de más de 3.000 millones de la fusión de las cajas, ha dicho que éste pudo "ser un indicio de que pronto tendrían que hacer otro". En cambio, el perito llamado por los demandantes, José Enrique Rovira, ha señalado que desde NCG Banco se transmitió la imagen de que la entidad "estaba saneada" y en ese sentido "se hablaba de que el riesgo era bajo en comparación con la competencia".
A los inversores se les dijo que el banco "estaba capitalizado", ha continuado, lo que "significa que está saneado" e incluso se habla "de recuperación" y de "diferencia entre valor contable y valor de mercado", por lo que "no hay otra lectura" que pensar que la inversión tendría "rentabilidad".
En su opinión, era "muy relevante, crucial y básica" la información acerca del ajuste contable que NCG manejaba antes de que entrasen los inversores, pero que no hizo pública hasta meses más tarde, puesto que, según él, significaba "no entrar en una operación de estas características". Los abogados del banco y del FROB, en sus conclusiones, han insistido en que la gestión fue correcta y ajustada a derecho, a pesar de la posterior pérdida de las inversiones, causada por motivos ajenos a ambas entidades.
En cambio, el letrado que representa a los demandantes ha señalado como clave el ajuste contable de 1127 millones de euros con efecto retroactivo a una fecha anterior a la entrada de los inversores que "fueron sacrificados por un interés mayor".