Miembros del comité de empresa de Povisa se han concentrado hoy ante la delegación de la Xunta en Vigo para exigir a la administración gallega que impida que el ERE planteado por el hospital, que implica el despido de 56 trabajadores, salga adelante, así como la subcontratación de servicios.
La presidenta del comité de Povisa, María Jesús Neira, ha explicado que el concierto con el Sergas prohíbe la subcontratación salvo en casos excepcionales, siempre con el consentimiento de la administración y cuando se trate de servicios que no tengan que ver con la sanidad. Neira ha lamentado que hace diez días pidieron reunirse con Sanidad y no han recibido respuesta, y ha insistido en que la Xunta "no puede permitir" que el ERE vaya adelante, "porque para eso firmaron un contrato y pactaron una prestación. No se puede subcontratar y es responsabilidad de la Xunta que no se haga".
En su opinión, "es increíble" que la administración "se niegue" a recibirlos para tratar "un tema tan grave" como "subcontratar a gente por menos dinero", lo que acabará repercutiendo también en los usuarios. Neira ha recordado que el periodo de consultas del ERE finaliza el próximo sábado y que la dirección de Povisa quedó en darle mañana una respuesta a las propuestas que le han trasladado, que pasan por la recolocación del personal afectado y por una redistribución de las 35 horas semanales, divididas en cinco días con horario corrido.
Teme, sin embargo, que la empresa no cederá en sus pretensiones porque no ha mostrado intención alguna de rebajar el número de despidos. Neira ha criticado que todos los "recortes" que ha hecho Povisa "no sirvieron para nada" y que incluso los gastos de personal aumentaron en 2014.
"No sabemos qué pretenden con todo esto. Pensamos que detrás está la negociación del convenio colectivo", ha especulado Neira, quien considera "una animalada" negociar dos diferentes, uno para la plantilla con antigüedad y otro para los nuevos contratados, porque ello implicaría "la desaparición de toda la parte social".
En el caso de que se agote el periodo de negociación y no se produzca un acuerdo, Povisa tendrá quince días para comunicar a la autoridad laboral y al comité de empresa que el ERE lo hará efectivo, aunque lo podría aplicar de forma fraccionada hasta el 31 de diciembre. Si así sucede, el comité de empresa presentará una demanda en los juzgados.
