El pleno del Parlamento de Galicia debatirá la próxima semana, por vía de urgencia, el proyecto de ley del Gobierno gallego para que los funcionarios públicos recuperen una parte de la paga extra retenida en el mes de diciembre del año 2012. Ante las críticas de los grupos de la oposición, que apreciaron una decisión electoralista, el portavoz del grupo parlamentario Popular, Pedro Puy, indicó que "se acusa de electoralismo al Gobierno, como si ellos no utilizaran electoralmente el hecho de que hubiera que hacer este ajuste".
"Me parece sorprendente que se manifiesten a favor de la recuperación de estas cantidades pero que se opongan a un procedimiento que garantiza que esto se va a hacer cuanto antes", manifestó. Recordó el portavoz popular que "desde el primer momento" el Ejecutivo gallego se comprometió a que funcionarios recuperasen las cantidades retenidas cuando el margen financiero de la Comunidad autónoma lo permitiera. "Hay margen presupuestario y además se cumplió el objetivo de déficit en el año 2015", aseveró Puy.
Sobre este tema el portavoz del grupo Socialista, José Luis Méndez Romeu, dijo que los funcionarios públicos "merecen más respeto del que muestra el Gobierno, no pueden ser moneda de cambio cuando el Gobierno tiene necesidades presupuestarias para retirarles emolumentos y ahora moneda de cambio cuando hay una campaña electoral".
Yolanda Díaz, viceportavoz de AGE, consideró el proyecto de ley "una tomadura de pelo" a los funcionarios públicos y criticó que se haga por trámite de urgencia "porque quieren garantizar que antes del proceso electoral de las generales tengan satisfecha esa parte pequeña de la retribución extraordinaria a la que tienen derecho".
"Los funcionarios públicos están más que hartos y esto no va a servir para calmar la más que segura salida de la Moncloa del PP. Es una medida puramente electoral y nosotros no lo vamos a compartir", afirmó la diputada de AGE. Como "electoralista" también calificó la medida el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, "por el trámite de urgencia y de lectura única".
"Es un ejemplo más de la forma de hacer de este Gobierno, del uso electoralista del Parlamento para que un texto de este tipo pueda ser analizado y debatido en profundidad", indicó Jorquera, quien aludió "a las prisas del Gobierno de la Xunta para ver si consigue algunos votos que alivie la desesperada situación electoral del Partido Popular". En la sesión plenaria de la próxima semana PSdeG, AGE y BNG preguntarán respectivamente al presidente de la Xunta sobre la lucha contra la desigualdad social, la sanidad pública y la defensa que el propio presidente ejerce de los derechos de la Comunidad autónoma.
El pleno de la Cámara legislativa gallega será denso y tratará además el debate y votación del dictamen de las propuestas sobre el informe de fiscalización del Consello de Contas del ejercicio 2013. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Ethel Vázquez, comparecerá a petición propia en este debate para hablar de la promoción de una movilidad sostenible. Entre otros temas, el BNG defenderá que se constituya una comisión de investigación sobre la gestión de la Fundación Camilo José Cela y pedirá que la Xunta se desvincule de ella. Además, los nacionalistas reclamarán la transferencia de la autopista AP-9 y plantearán lo problemas del naval en la ría de Ferrol.
AGE, por su parte, llevará a pleno el "uso militar" de drones en el aeródromo lucense de Rozas, así como iniciativas sobre sanidad pública y política europea. Los socialistas llevarán a la sesión sendas iniciativas también sobre la privatización de la sanidad pública gallega y la dispensación de fármacos contra la hepatitis C a enfermos que estén internados en centros penitenciarios gallegos.
El pleno tratará también una iniciativa legislativa popular sobre el derecho al conocimiento y contemplación de la obra de Castelao por parte de la sociedad gallega, y acerca de la consideración como víctimas de violencia machista a los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas. El grupo Popular ha presentado sendas proposiciones no de ley sobre las demandas del sector del cerco para la pesca de la anchoa y acerca de la estación depuradora de Cabo Prioriño. EFE
