El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta a convocar de nuevo la plaza de directivo del centro de mujeres víctimas de malos tratos por considerar que no puede ser atribuida a personal no funcionario, informó hoy el sindicato CIG.
En un comunicado, la CIG denuncia el "dedismo" practicado por la Xunta y señala que la sentencia del TSXG impone además 1.500 euros de costas judiciales por "incumplir flagrantemente la legalidad en la cobertura de puestos públicos".
El sindicato subraya que en la convocatoria de la Xunta, a pesar de que era para la Administración general, el puesto quedaba abierto a personas que no tuvieran la condición de empleados públicos. Sin embargo, el Centro de recuperación integral para mujeres que sufren violencia de género "no es una agencia pública", precisa la CIG.
