El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obliga a las empresas con más de 50 empleados a incorporar en sus convenios colectivos medidas para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación hacia el colectivo LGTBI. Las empresas tendrán un plazo de tres meses para implementar estos cambios, y en caso de no tener convenio, el plazo será de seis meses.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que esta normativa pone fin a una de las formas de discriminación más agresivas en el país, subrayando que cuatro de cada diez personas trans son excluidas de los procesos de selección laboral.
Este decreto se enmarca en la ley trans y es fruto de un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos, con el objetivo de garantizar un entorno laboral igualitario y libre de acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género.