Las organizaciones empresariales Asime, Atra e Instalectra y los sindicatos UGT y CCOO han firmado hoy el convenio colectivo del metal en la provincia de Pontevedra, que de acuerdo con las partes aporta "estabilidad" y abre "un camino más dinámico" en las relaciones laborales y la negociación colectiva. El convenio, que afecta a 24.000 trabajadores, introduce una revisión salarial del 0,5% para este año, con efecto retroactivo, y del 1,25% para 2016; incluye la enfermedad profesional en el seguro de convenio y la acumulación de lactancia.
Los portavoces de UGT y CCOO en la negociación han destacado su "responsabilidad" para llegar a un acuerdo, pese a no que no le satisfagan algunos puntos, y han invitado a que se sume al mismo la CIG, que lo rechaza porque considera que supondría avalar la última reforma laboral.
En representación de la parte empresarial, Enrique Mallón, secretario general de Asime, ha valorado que el nuevo convenio, de dos años de duración, contando 2015 el presente ejercicio, supone "una motivación" para algunas negociaciones sectoriales y de empresas en Galicia y es "un referente" a nivel nacional.
Ha señalado que la revisión salarial contenida en el mismo es un síntoma de "la confianza en la mejora" de la economía y del sector, que en estos momentos se está notando de una forma "muy liviana" y "puntual". Mallón también ha valorado, al igual que los representantes sindicales, la introducción de artículos sobre la competitividad y la competencia desleal.
A pesar de que la negociación se hizo "demasiado exhaustiva", ha destacado que el acuerdo final permitirá al sector "competir mejor y dar una imagen acorde" con lo que representa la industria metalúrgica. Ramón Sarmiento (CCOO) ha significado el compromiso de las partes para trabajar conjuntamente contra la competencia desleal y para "darle una vuelta" a las clasificaciones profesionales, lo que hace que este convenio vuelva a estar "a la vanguardia".
Sarmiento confía en que tanto Foncalor como la CIG "evalúen con rigurosidad" la necesidad de formar parte del consenso, pues su concurso, ha alegado, "es necesario y conveniente". Ana Belén Valiño (UGT) ha señalado por su parte que el convenio, aunque no deja a su central "plenamente satisfecha" y "muchas" de sus propuestas "se quedaron atrás", aporta "estabilidad" al sector y su firma constituye "un acto de responsabilidad".
También ha hecho hincapié en el compromiso de combatir la competencia desleal al haber empresas que están recurriendo a contratos que "son casi fraude de ley", y ha apelado a que las empresas inviertan "de una vez" en bienes de equipo y en I+D para optar a "proyectos importantes".
La CIG argumenta en un comunicado que no firma el acuerdo porque no se recoge ninguna mejora para los trabajadores que proponían las tres centrales sindicales ni se recupera el poder adquisitivo perdido en los cinco últimos años. También esgrime la desaparición del plus tóxico y la habilitación a las empresas para que puedan adaptar las necesidades de producción "como quieran" y que no haya un compromiso de mínimos en relación con la lucha contra la competencia desleal.
