jueves. 28.03.2024

Las cuatro centrales más representativas en la Administración gallega, CIG, CCOO, UGT y CSIF, han coincidido hoy en el rechazo a la propuesta de nueva Ley de la función pública de Galicia y reclaman que se negocie. En una comparecencia conjunta, los máximos responsables de los sindicatos de la Administración en la Comunidad han coincidido en que el texto que maneja la Xunta supondría el "desmantelamiento" de la función pública y eliminar la independencia de los empleados públicos en sus funciones.

 

También denunciaron la pretensión de incluir la figura del personal directivo, que podría ser captado del sector privado, lo que redundaría en la politización de la actividad funcionarial, y la "legalización" del llamado plus de altos cargos. Los sindicalistas resaltaron que la propuesta del Ejecutivo agrede el sistema retributivo y la carrera profesional, que se supeditaría a una evaluación del superior directo sobre el nivel en conceptos como iniciativa, esfuerzo o grado de interés. Informaron asimismo de que ayer presentaron una carta a la conselleira de Facenda en al que solicitan su intervención y que se negocie, pues, hasta ahora, en año y medio, solo han recibido "unos borradores", lo que no es una "negociación real". E

 

l portavoz de la CIG, Roberto Varela, consideró que la Xunta "pretende convertir a los empleados públicos en vasallos al servicio del PP e intereses partidistas". Emilio Doforno, de CCOO, destacó que se trata de unos textos que van "contra los empleados públicos y su profesionalidad" y no recoge la promoción profesional, los derechos de negociación colectiva y no recupera derechos salariales perdidos, mientras que se mantienen "privilegios" como el plus de altos cargos o la libre designación. José Vázquez, de UGT, recordó que la anterior ley es de 1988, que se trata de un texto con la suficiente importancia como para que se negocie con calma, y demandó reducir parte del 30 por ciento del salario perdido desde 2007, ya que se habla de la "tan cacareada recuperación".

 

Por su parte, José Sánchez Brunete, consideró que la Xunta está evitando la negociación colectiva y utiliza criterios temporales por motivos políticos y electorales, de manera que pretendía aprobarla antes de las europeas y no pudo y ahora no quiere que se acerque su aprobación a las elecciones municipales. El sindicalista resaltó que en toda la historia de la autonomía y con todos sus presidentes, tanto del PP como del PSdeG, "no se conoció nunca semejante aversión y rabia frente a lo público" en favor de lo privado y consideró paradójico que este Gobierno esté presidido por un funcionario e integrado mayoritariamente por funcionarios. Los representantes sindicales insistieron en su demanda de negociación y reclamaron que se constituya una mesa general, en la que se incluyan a todos los empleados públicos, también los de las universidades y municipios. EFE

 

Sindicatos rechazan el borrador de ley de función pública y piden que se negocie