La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha enviado cerca de 50.000 cartas para detectar el uso fraudulento del contrato fijo discontinuo. El organismo continuará trabajando en este asunto durante el año, centrándose especialmente en el sector de la educación.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, las cartas afectan a unos 140.000 contratos, la mayoría de los cuales son de tipo fijo discontinuo. En la educación, el uso de este contrato ha sido objeto de debate y no hay una doctrina unificada sobre su legalidad. Además, hay diferentes criterios en las comunidades autónomas, ya que los ejecutivos regionales son los mayores contratistas en este sector.
La Inspección estará atenta al uso adecuado de este contrato, incluso si el empleador es la Administración pública. No se debe usar para evitar que los trabajadores de la docencia disfruten de sus vacaciones, ya que su uso debe responder a cuestiones de temporalidad.
Las fuentes señalaron que, con la reforma laboral, se ha producido una mejora significativa en la situación laboral de la enseñanza, ya que se han eliminado los contratos por obra y servicio que no garantizaban la continuidad laboral después de tres meses. En cambio, la fórmula del contrato fijo discontinuo sí asegura la continuidad en el trabajo.
