El caso Mediador en el que está presuntamente implicado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha vuelto a sacar a la luz el propósito de reformar el Reglamento del Congreso para regular el acceso de los grupos de interés -'lobbies'- a la Cámara Baja, con el fin de dar más transparencia a la interacción de empresas y organizaciones con diputados.
Tras conocerse que Fuentes Curbelo recibió en el Congreso al empresario Maximiliano Poveda Sierra, el tercer mayor moroso de España y que se reunió también con otro empresario imputado en esta trama de corrupción, el PSOE ha mostrado su confianza de que la reforma del Reglamento pueda reactivarse.
"Queremos que esto salga adelante para controlarlo todavía mejor", señalaba ayer el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.
Sin embargo la iniciativa que pide incorporar un nuevo Título XIV en el Reglamento del Congreso y contempla una huella legislativa para dar conocimiento de la participación de los 'lobbies' en la elaboración de las leyes está paralizada desde el 30 de junio de 2021.
Casi un año y medio en periodo de plazo de enmiendas parciales, que se han ido prorrogando semana tras semana, después de que la proposición de Ley fuera tomada en consideración y se rechazara una enmienda a la totalidad del PP, que tenía un texto alternativo muy similar.
En 2021, la mayoría de los diputados estaba de acuerdo en tramitar la iniciativa del PSOE y e incluso el PP se abstuvo en su votación, por lo que la sintonía por controlar el acceso y la participación de los grupos de interés en el Congreso quedaba patente.
CONTROL DE ACCESO AL CONGRESO
No obstante, el acceso a la Cámara Baja para todos los visitantes viene de mano de un control policial, que requiere de la identificación personal a través del DNI o pasaporte.
El Congreso, por otra parte, acaba de estandarizar dicho acceso a través de un nuevo modelo que ha enviado a todo el personal para agilizar la entrada y acreditación de las visitas.
Fuentes del Congreso señalan a EFE que hace tiempo que se había planteado mejorar la comunicación de las visitas por parte de todos trabajadores. Inciden en que los datos que se requieren son los mismos que antes pero que ahora se hará rellenando un documento excel.
REGISTRO PÚBLICO OBLIGATORIO
Más allá de este control en las visitas, la mayoría de los partidos políticos coincide en que debería existir un Registro Público obligatorio donde se inscriban las empresas, colectivos o grupos que mantienen encuentros con los diputados.
Estas son algunas de las peticiones de la proposición de Ley del PSOE todavía debe ser enmendada y debatida en comisión. Una reforma que para ser aprobada requiere de la mayoría absoluta del pleno del Congreso.
Y es que también hay ciertas críticas de algunos partidos que consideran que si se publican absolutamente todos los contactos y documentos que reciban de las organizaciones con las que se reúnen los diputados, algunas formaciones pueden adelantarse a las iniciativas de su oponente político.
Todos parecen estar de acuerdo con evitar las influencias de terceros "pero que esto no incapacite a algunas personas para interactuar con los parlamentarios", puntualizaba en su momento el PNV pese a que tanto esta formación como Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Eh Bildu, JxCAT, PDeCAT, Más País, CC y BNG votaron a favor de tramitar la iniciativa de reforma.
Más alejado estuvo Vox que votó en contra. Su diputado Ignacio Gil Lázaro dijo entonces que aunque los fines que persigue "son nobles" la proposición de ley supone "burocratizar la actividad parlamentaria".
¿CONTROL O TRANSPARENCIA?
Por otra parte, el PP ha señalado en las últimas horas que en el Congreso hay suficientes controles y cree que si los socialistas quieren rescatar ahora la ley para regular los grupos de presión es porque buscan eludir su responsabilidad en el Caso Mediador.
Lo cierto es que mientras el PSOE vuelve a plantear la idea de reformar el reglamento con una iniciativa que incluye infracciones y sanciones, los populares ya apoyaron en su momento que empresas y organizaciones aportaran no solo sus datos personales, sino también sus intereses y objetivos con los diputados.
En 2021 cuando el Congreso y el Senado aprobó un nuevo código de conducta y cuando se creó la Oficina de Conflicto de Intereses, la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya instó a avanzar en la transparencia parlamentaria. "La transparencia no es ajena a los límites y no justifica cualquier información que pueda devenir en un espectáculo público", puntualizó.
