domingo. 29.01.2023

Cristianos de base tachan de "escándalo" las inmatriculaciones de la Iglesia

Cuatro asociaciones cristianas de base han presentado un escrito dirigido a la comunidad cristiana en el que califican de "escándalo monumental" los 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia católica en el periodo comprendido entre 1998 y 2015.

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Cuatro asociaciones cristianas de base han presentado un escrito dirigido a la comunidad cristiana en el que califican de "escándalo monumental" los 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia católica en el periodo comprendido entre 1998 y 2015.

El listado, que se hizo público el pasado febrero después de la celebración de un Consejo de Ministros en el que se remitió al Congreso la relación de inmuebles inmatriculados, abre la puerta a posibles reclamaciones sobre la titularidad de los bienes.

De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 se refieren a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias y 14.947 no se relacionan con estos usos y se trata de terrenos, viviendas, solares o locales.

Del total de bienes figuran 7.131 en Galicia, la segunda comunidad en mayor número solo superada por la de Castilla y León con 10.243 y A Coruña figura como la provincia con más bienes inmatriculados de todo el país con 2.669, seguida de Lleida con 2.157, Cantabria con 2.058 y Ourense con 2.017. Pontevedra cuenta con 1.383 y Lugo con otros 1.062.

Las cuatro asociaciones que han presentado el escrito (Comunidad Santo Tomás de Aquino, Comunidades Cristianas Populares, Cristianos y Cristianas de Base de Madrid y Redes Cristianas) han considerado "insuficiente" ese listado porque "solo cubre dos de los tres periodos de propiedad" de los bienes, sin contar con los años comprendidos entre 1946 y 1978, y 1978 y 1998.

Además, han añadido que la lista es "deficiente" ya que "no permite identificar bien" los bienes, dado que, por ejemplo, "Bajo la palabra 'aledaños' se encuentran otros edificios tan emblemáticos como la Giralda", han explicado.

El escrito concluye con la propuesta a las instituciones públicas de anular las inmatriculaciones llevadas a cabo por los obispos "sin documento acreditativo" y exige una explicación "exhaustiva" sobre su actitud a la Conferencia Episcopal Española.

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