jueves. 30.06.2022

Editores de libros de texto afirman que los que adoctrinan son los políticos

El presidente de la patronal de editores de libros de texto (Anele), José Moyano, cree que no son los materiales escolares sino los políticos los que "adoctrinan" y recalca que los libros se publicarán en tiempo y forma, pese a los retrasos en la aprobación de los reales decretos con los cambios de la ley Celaá.

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El presidente de la patronal de editores de libros de texto (Anele), José Moyano, cree que no son los materiales escolares sino los políticos los que "adoctrinan" y recalca que los libros se publicarán en tiempo y forma, pese a los retrasos en la aprobación de los reales decretos con los cambios de la ley Celaá.

En una entrevista con EFE, el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), José Moyano, afirma que "sin lugar a dudas" los libros estarán impresos en septiembre próximo y "muchos comenzarán a comercializarse el mes que viene".

Las modificaciones introducidas en el currículo por la ley Celaá (Lomloe), que entró en vigor en enero de 2021, comenzarán a implantarse en el año académico 2022-2023 en los cursos impares (1º, 3º y 5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria y 1º de Bachillerato).

En los primeros meses del año, el Ministerio de Educación ha ido publicando los reales decretos que regulan las enseñanzas mínimas de Infantil a Bachillerato y ahora son las autonomías las que deben completarlos. El Gobierno solo fija los saberes básicos de cada materia y las horas que hay que dedicarles (El 60 % para las comunidades sin lengua cooficial y el 50 % para las que sí tienen).

De momento, explica Moyano, ninguna autonomía ha publicado sus respectivas normativas, pero las editoriales han venido trabajando desde diciembre con los borradores que les han enviado las consejerías de Educación.

"Si después de publicarse los decretos hubiera que introducir modificaciones, nuestro compromiso es actualizarlo a través del componente digital para que nadie pueda decir que los libros no están plenamente adaptados a la normativa definitiva que se apruebe, porque algunos lo harán en el mes de octubre", añade.

A las editoriales no les afecta el articulado final, que "es más político o legislativo", sino el planteamiento curricular de las distintas áreas, materias y etapas educativas (materias, situaciones de aprendizaje, saberes básicos y competencias específicas).

Por otro lado, Moyano expresa su sorpresa y enfado por las acusaciones de la Comunidad de Madrid acerca de un supuesto "adoctrinamiento" de los nuevos libros de texto y su recomendación de mantener los vigentes en el próximo curso 2022-2023.

"Tengo la sospecha de que los que adoctrinan son los políticos cuando tienen una actuación de censura y de falta de respeto a la normativa y a la Constitución. Si hay una ley orgánica, aprobada por quien sea, aquí nos respetamos; las mayorías en democracia son las que tienen derecho a aprobar las leyes", recalca Moyano, que lleva en el negocio editorial 35 años y admite que nunca había vivido este "caos".

"Nunca pensamos -recalca- que se dieran estas circunstancias; es la primera vez que, cuando intentamos cumplir una ley orgánica, una administración de cierto perfil se opone a su cumplimiento, lo cual es una muestra de la intransigencia y las mentes adoctrinados de algunos políticos".

El presidente de la patronal apunta asimismo al daño económico que provocan decisiones como la de Madrid y Murcia de no querer renovar los libros de texto, sobre todo en el caso de la región madrileña ya que representa el 22,5 % del mercado del libro educativo a nivel nacional y acoge a las grandes empresas del sector, de las que dependen "más de 40.000 familias".

"Esperábamos que la lideresa (Isabel Díaz Ayuso) defendiera al sector y no que lo hundiera con sus comunicados y actuaciones", subraya Moyano, quien espera que las familias afectadas tomen nota de este asunto de cara a la próxima cita electoral.

Por último, recuerda que la Lomloe faculta a las comunidades autónomas a inspeccionar los libros de texto y actuar de oficio ante cualquier sospecha de que no se cumplen los principios constitucionales, derechos humanos o las normativas vigentes.

"Yo llevo 35 años de editor y 16 de presidente de Anele y nunca hemos tenido ningún incidente", concluye.

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