La nueva legislación de protección animal que ha recibido este viernes el visto bueno del Consejo de Ministros arranca con algunos interrogantes por resolver, pues por el momento el texto provoca incertezas a los ganaderos gallegos, que la ven “innecesaria” e “ideológica”, mientras es aplaudida por colectivos animalistas que creen que busca erradicar “la crueldad”.
El anteproyecto de ley aprobado hoy contempla prohibir el sacrificio y maltrato de animales y su venta y exposición en tiendas y exigirá a los nuevos dueños de mascotas haber superado una formación en tenencia responsable, entre otras medidas.
Los detractores de la norma apuntan a que esta materia ya está regulada en Galicia con la Ley de protección y bienestar de los animales de compañía del 2017 y los partidarios creen que ayudará a acabar con las colonias felinas, abundantes en la Comunidad, de un modo ético, así como con algunas conductas que perviven como la de encadenar a perros.
El portavoz de la Fundación Franz Weber, Rubén Pérez, considera, en declaraciones a Efe, que la afectación de la norma será “más positiva” en otros territorios que en Galicia, donde hay muchos aspectos ya regulados como el sacrificio cero, pero aplaude que se “homogeneizarán las sanciones” y “se mejorará el sistema de identificación” en España, permitiendo cruzar datos, pues ahora hay 17 distintos.
En todo caso, destaca que puede dar solución al problema de las colonias felinas, ya que la ley plantea su control mediante la esterilización “hasta su desaparición de una forma ética”, con programas de ayudas a las que podrán optar los Ayuntamientos.
Asimismo, considera que el curso que tendrán que superar los dueños de animales de compañía también “puede servir para que muchas personas entiendan que tener un animal no es tenerlo encadenado o no prestarle la mínima atención”, algo que sigue sucediendo.
Desde la Fundación Franz Weber también saludan la eliminación de la categoría de perros peligrosos que, a su juicio, “no tenía sentido”, pues los datos muestran que las situaciones violentas son “muy concretas y responden más a un comportamiento negligente de las personas que custodian estos animales”.
El anteproyecto inicial, explica Rubén Pérez, abría la puerta acabar con las granjas de visón americano, que hay 25 en Galicia, lo que supone el 85 % de las explotaciones peleteras a nivel estatal.
No obstante, todavía no saben cómo quedará este aspecto, pues debe ser el Ministerio de Agricultura el que se pronuncie sobre el mismo.
Sin embargo, desde Unións Agrarias rechazan esta ley porque creen que es “innecesaria”, “técnicamente defectuosa” e “ideológica”.
“En cuanto al maltrato animal y el bienestar animal, están perfectamente legislados y considerados en la actual normativa, de ámbito nacional y en su caso autonómica. El maltrato como falta o delito en el Código Penal vigente, y el bienestar animal en la numerosa legislación sectorial”, indica a Efe el responsable de Desarrollo Rural del sindicato, Jacobo Feijóo.
En este sentido, critica que el Gobierno quiere legislar sobre “una competencia que constitucionalmente corresponde a las Comunidades Autónomas”, pues Galicia ya tiene su propia ley en este ámbito.
Cree que la norma puede ser perjudicial para los ganaderos y cazadores si no se especifica que la aplicación es únicamente para mascotas y no para animales de trabajo, ni animales de caza mientras están haciendo sus funciones.
Así, especifica que “los daños que sufre un mastín defendiendo a un rebaño de un lobo se podrían considerar maltrato animal”, si no se define concretamente a qué animales va dirigida.
Jacobo Feijoo censura que la ley se basa en los “derechos de los animales” y subraya que estos “no pueden ser sujetos de derechos al no ser personas”.
“Nosotros como personas tenemos el deber de no maltratar a los animales”, sostiene el miembro de UUAA, quien añade que “intentar humanizar a los animales desde una ley ideológica, a medio plazo llevará como corolario que se pretenda transmitir a la sociedad que comer carne, o leche o huevos es inmoral, porque es una explotación de un ser equivalente a un ser humano”.
Por ello, desde el sindicato esperan que en el trámite parlamentario se puedan “corregir” los principales aspectos que ven “contraproducentes”.
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