El Gobierno, junto con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, ha alcanzado un acuerdo en relación a la Ley de Vivienda que establece un límite del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler para 2024 y la creación de un nuevo índice estable y por debajo de la evolución del IPC para 2025. El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha destacado la importancia de este acuerdo que elimina el IPC como índice de referencia y establece nuevas medidas de protección contra desahucios.
ERC y EH Bildu argumentan que el IPC puede generar aumentos descontrolados en las rentas de alquiler en pocos meses y, por tanto, se aplicará un límite del 2% durante 2023, del 3% en 2024 y, posteriormente, se creará un nuevo índice más estable y por debajo de la evolución del IPC.
El acuerdo también incluye cambios en la definición de "gran tenedor", lo que permitirá a las comunidades autónomas rebajar la condición de diez inmuebles establecida por el proyecto del Gobierno a cinco inmuebles.
En cuanto a los desahucios, se prohibirán aquellos que no tengan una fecha y hora predeterminada y se incorporarán nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que permitirán aplazar los procesos por más de dos años. Además, se obligará a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a procedimientos de solución extrajudicial y a las medidas de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos las comunidades autónomas.
El acuerdo también establece medidas de protección a los inquilinos, tales como la eliminación de las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas contenidas en la Ley de existir un acuerdo entre las partes. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario y se prohíbe aumentar las rentas de alquiler a través de nuevos gastos no acordados previamente.
Por primera vez, se reconocerá la capacidad de utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales a personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.
En diciembre pasado, el PSOE llegó a un preacuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu que establecía un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos propuso recientemente que el límite fuera del 3% el primer año y que luego el índice de precios lo determinara un índice por elaborar, propuesta que fue rechazada por las otras formaciones.
