El PSOE y Sumar han anunciado este martes un acuerdo programático para establecer un Gobierno de coalición en caso de que Pedro Sánchez, actual jefe del Ejecutivo en funciones, logre su investidura. El pacto, prácticamente ultimado durante una reunión entre Sánchez y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, incluye una medida destacada: la reducción de la jornada laboral.
Hemos logrado un acuerdo ambicioso para seguir ampliando derechos, avanzar en justicia social y en políticas transformadoras que permitirán construir un país más feminista y verde pic.twitter.com/vknovGmHQC
— Marta Lois (@MLoisgonzalez) October 24, 2023
Según el comunicado conjunto emitido por ambas formaciones, se ha acordado reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución de salario. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, confirmó en una entrevista en TVE que este compromiso se llevará a cabo mediante un diálogo con los agentes sociales. Además, expresó su confianza en que la jornada laboral se reduzca progresivamente hasta alcanzar las 35 o incluso 32 horas semanales.
Este acuerdo tiene como objetivo principal asegurar una legislatura de cuatro años durante la cual España pueda seguir creciendo de manera sostenible, generar empleo de calidad y desarrollar políticas centradas en la justicia social y climática. Entre las medidas clave se encuentra el compromiso de trabajar hacia el pleno empleo, implementar un plan de choque inmediato contra el desempleo juvenil y fortalecer el sistema público de salud.
Además, se contempla el aumento del parque público de viviendas con el objetivo de que represente el 20% del total, la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático y la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento. También se garantizará la universalización de la educación desde los 0 hasta los 3 años, asegurando que el acceso a la educación pública para los niños y niñas de dos años esté disponible para todos al finalizar la legislatura.
Adicionalmente, el acuerdo incluye una reforma fiscal equitativa que implicará una contribución al gasto público por parte de la banca y las grandes empresas energéticas. Estas medidas reflejan un enfoque integral hacia un futuro más justo, sostenible y próspero para España.
