Los diputados del BNG Néstor Rego y Rosana Pérez, respectivamente en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento gallego, han anunciado este viernes una batería de iniciativas contra la instalación de un parque eólico a unos 30 kilómetros mar adentro de la costa de Ferrol.
Los dos parlamentarios han indicado en un conferencia de prensa en Santiago de Compostela que coinciden con las alegciones del sector pesquero de Galicia, Asturias y Cantabria, integradas en la plataforma 'Manifiesto de Burela en defensa del sector pesquero del Cantábrico-Noroeste' con el proyecto de parque eólico Nordés.
Esa iniciativa supondría la pérdida de millares de puestos de trabajo en el sector pesquero gallego y un grave daño ambiental, advirtieron.
El citado parque eólico marino afectaría de 268 y 280 kilómetros cuadrados de costa frente a las comarcas de Ferrol, Ortegal y A Coruña, lo que repercutiría en la actividad de 30 caladeros de pesca.
"Estamos hablando de 80 molinos y corredores y filas de cables que supondrá un enorme impacto ambiental" y pone en "riesgo la biodiversidad" de la costa gallega, incluido la capacidad productiva de los caladeros, afectando a "miles de marineros y familias", según Rego.
En este sentido, la formación nacionalista gallega reclamado al Gobierno no autorizar la construcción de este parque eólico marino al considerar que "ni siquiera se están cubriendo las formalidades".
El BNG cuestiona la idoneidad del emplazamiento del parque, al señalar que afectaría a zonas de veda de especies como la cigala o la merluza.
"Carece de sentido que se exija a la flota pesquera que respete los períodos de veda en esas zonas de nuestra costa para, después, permitir que empresas del sector energético puedan poner en riesgo esa capacidad de regeneración de determinadas especies", ha dicho Rego.
Por su otra parte, Pérez ha considerado que el Gobierno central "no puede llevar a cabo ni este parque eólico marino en el noreste ni ninguno otro" lugar hasta aprobar el plan de ordenación de los espacios marinos.
Además, Pérez ha recriminado el "silencio" de la Xunta con ese asunto y ha pedido al Ejecutivo gallego que se pronuncie en defensa de los intereses de la comunidad con una "actuación transparente".
