La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), que agrupa a 120 embarcaciones que dan empleo directo a 1.200 familias, ha devuelto hoy sus roles tras amarrar sus barcos porque se agotaron unas cuotas que han considerado "míseras". Los capitanes de los diferentes buques han entregado de manera simultánea este mediodía las licencias expedidas por las diferentes capitanías marítimas en un acto realizado, a la misma hora, doce del mediodía, en A Coruña, Vigo, Noia, Ferrol y Viveiro, entre otros lugares.
El presidente de Acerga, Juan José Blanco Agraso, ha explicado, en declaraciones a Efe, que esta medida se toma después de que se cerrase "el caladero que quedaba", pues ahora entre todos los barcos apenas podrían conseguir un ingreso de 6.000 euros al mes. "Son 1.200 familias las que dependen directamente de la flota amarrada, además del resto de trabajadores de la lonja, las pescaderías y demás.
Vamos a intentar que puedan ir al paro para que al menos tengan algunos ingresos. Esperamos hablar pronto con la Secretaría General de Pesca y seguramente acabaremos en Bruselas", ha añadido. La decisión actual llega derivada de una asamblea celebrada el pasado sábado que tendrá continuidad este jueves, cuando los profesionales del cerco esperan tener una respuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
"Ahora no podemos ir al mar, no tenemos que pescar. Aquí no nos arreglan nada. Algo tendrán que hacer con nosotros, si no que cojan la flota y que la quemen, ya que son tan valientes", continúa y añade que los que quedan desprotegidos en esta situación son los armadores, que no tendrían derecho al paro. Andrés García Bouturela, que es portavoz de Acerga, culpa al reparto de las cuotas del Plan de Gestión del Cantábrico Noroeste de las actuales "cuotas míseras" que tiene una comunidad en que la pesca tiene un "componente socioeconómico importantísimo" con "muchos más tripulantes que en ningún lado".
"En 2013 se hizo un reparto de las cuotas especies entre todos los buques de cerco. Se tomaron unos criterios en los que prima el histórico de capturas y Galicia salió muy perjudicada porque llevaba 35 años con una regulación que establecía un tope de capturas y pesca por buque y día", ha añadido.
Ahora la cuota del jurel está acabada, igual que la de la anchoa, que terminó en febrero, y apenas queda un ocho por ciento de la caballa, aunque no es suficiente para "garantizar la actividad económica" en el mundo de la pesca. Por eso los 120 buques de esta asociación quedan amarrados y esperan el apoyo de los 33 restantes "hasta que haya una solución" porque necesitan "pescar e ingresar dinero para poder vivir".
Los grandes beneficiados de este reparto son otras comunidades como el País Vasco y Cantabria "con menos barcos y más cuota" mientras que en la anchoa un 98,86 por ciento de la cuota ha quedado en la bahía de Cádiz y el resto ha sido para Galicia. "Teníamos la promesa del secretario general de Pesca de que si aparecía más anchoa de las cincuenta toneladas, ampliarían la cuota, pero no se está cumpliendo lo que quedó escrito en un acta", denuncia.
