El Colegio de Administradores de Fincas de Galicia ha avisado este martes de la proliferación de restaurantes y lavanderías clandestinos en viviendas Galicia debido a las restricciones por la pandemia del covid.
En un comunicado, indican que la falta de instalaciones adecuadas y seguras "pone en riesgo" a las comunidades de propietarios que viven en esos edificios, con trastornos como el exceso de ruidos, trasiego excesivo de gente, olores y humos, generación de grandes cantidades de basura y atascos constantes en tuberías y desagües.
Esta entidad, formada por más de 500 profesionales, argumenta que este tipo de actividades ilícitas en pisos eran "residuales" antes de la pandemia y las restricciones que conlleva para frenar los contagios.
Según la secretaria de este Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez Agrasar, en las "cocinas fantasma" se elabora y reparte comida de forma habitual y sus inquilinos o propietarios no cuentan con los permisos y licencias necesarios para realizar esta actividad.
Sostiene que "muchos responsables de estos negocios ilícitos son profesionales que han tenido que cerrar sus establecimientos a causa de la pandemia o inmigrantes que cocinan recetas de sus países de origen o bocadillos en grandes cantidades, que luego distribuyen por toda la ciudad o entregan a los clientes directamente".
El Colegio de Administradores cita también otra actividad ilícita que está en auge por la crisis económica y que es el lavado de ropa en cantidades industriales dentro de las viviendas. "Hemos visto casos de pisos con varias lavadoras o incluso trasteros con cinco o seis máquinas.
Se conectan a la corriente de agua comunitaria y están realizando coladas todo el día", denuncia la secretaria del colegio, que insiste en que "estas actividades tampoco se pueden realizar sin acondicionamiento previo y sin los permisos reglamentarios".
Los Administradores de Fincas alertan de más actividades ilegales, como el arreglo de coches en garajes privados que posteriormente se ponen a la venta, cultivo de marihuana y prostitución, esta última con un crecimiento exponencial.
"La razón de que estás actividades se sigan realizando con impunidad se debe a la lentitud administrativa y a que para denunciar se precisa del acuerdo previo de la junta de propietarios del edificio, algo que no siempre se produce", señala el colegio.
También "el miedo a represalias del que comete la actividad delictiva es otro factor que desanima a los vecinos a poner una denuncia", agrega. Como propuesta para paliar este tipo de situaciones, aconsejan la colocación de cámaras de videovigilancia en los portales para disuadir este tipo de negocios.
