La Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales “Rosalía de Castro” (Cogave) le ha enviado una carta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para mostrar su “total rechazo” al pago de peaje en autovías y carreteras convencionales y exponer su disconformidad con la posibilidad de “pagar dos veces” por el mismo servicio.
Cogave, que aglutina a las principales Federaciones de Asociaciones Vecinales de Galicia y a aproximadamente 500 asociaciones, desprecia la justificación del pago por el déficit en la conservación de la red de carreteras que el Gobierno estimó en 7.000 millones de euros en 2019 porque ese dinero ya se está pagando con impuestos.
“Nos remitimos a los datos oficiales de recaudación total del Estado en 2019 por impuestos al carburante, que fue de 19.804 millones de euros”, incluyendo el IVA, cantidad que, según dice Cogave en una comunicado, “supone casi el doble de lo que se necesita para dicho mantenimiento de las vías de comunicación”.
Añade que el 49 por ciento de lo que pagan los conductores por el diésel y el 54 por ciento de lo que pagan por la gasolina son impuestos, que el Estado, sólo en 2019, recaudó 374 millones en multas y que los conductores pagan impuesto de matriculación, el impuesto del seguro o el IIVA que se aplica al pasar la ITV o en el de las facturas del taller.
“Los conductores han abonado sobradamente el coste necesario para el perfecto mantenimiento de las carreteras y también de las vías de alta capacidad, por lo que el anuncio del Gobierno de España de tener que pagar nuevamente, esta vez mediante peajes, el acceso y utilización de dichas vías, además de redundante como concepto, supone un auténtico y flagrante ejemplo de afán recaudatorio por parte de la Administración”, señala.
Respecto a Galicia, añade que es además un territorio periférico cuyos habitantes tendrían que pagar 22 euros en peajes por viajar a Madrid, por lo que sería uno de los más afectados por el plan diseñado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Por todo ello, expresan su deseo de que el Gobierno dé marcha atrás y no obligue a los conductores españoles a “pagar dos veces por el mismo concepto”.
