Las comunidades de propietarios en Galicia están tomando medidas más estrictas contra los pisos turísticos, aprovechando la reciente sentencia del Tribunal Supremo que permite prohibir este tipo de actividad con el respaldo de una mayoría cualificada de 3/5 en asamblea. Este cambio ha acelerado la aprobación de acuerdos en múltiples edificios residenciales para modificar sus estatutos, una decisión que requiere ser formalizada ante notario y registrada en el Registro de la Propiedad para tener efecto legal.
El aumento de estas prohibiciones ha provocado una mayor actividad en las notarías de las principales ciudades gallegas, donde los trámites para inscribir la modificación de los estatutos se han incrementado notablemente. El objetivo de las comunidades es evitar que nuevos propietarios puedan utilizar sus viviendas como alojamientos turísticos, aprovechando vacíos legales que pudieran surgir si la prohibición no se inscribe debidamente.
Este proceso, aunque efectivo, conlleva un desembolso económico que varía según la comunidad, situándose generalmente entre los 2.000 y 3.000 euros. Este coste incluye los trámites notariales, el registro y otros gastos asociados a la modificación de los estatutos, algo que muchos propietarios consideran una inversión necesaria para garantizar la tranquilidad y evitar conflictos a largo plazo.
Es importante señalar que las prohibiciones no tienen carácter retroactivo, lo que significa que aquellos pisos turísticos que ya cuentan con los permisos adecuados podrán seguir operando sin verse afectados por estas nuevas medidas. Sin embargo, esta normativa está poniendo fin a la proliferación de nuevas licencias de alquiler vacacional en muchos edificios residenciales, donde los vecinos buscan preservar la convivencia y evitar posibles molestias asociadas a este tipo de actividad.
