sábado 27/11/21
Accidente ferroviario

Desestimado el recurso contra dos peritos por ser funcionarios de la Xunta

La sala sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de una asociación de víctimas y otros contra el nombramiento de dos personas como peritos en el accidente de tren del 24 de julio en Santiago de Compostela, en el que murieron ochenta personas, debido a que son funcionarios de la Xunta.

La sala sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de una asociación de víctimas y otros contra el nombramiento de dos personas como peritos en el accidente de tren del 24 de julio en Santiago de Compostela, en el que murieron ochenta personas, debido a que son funcionarios de la Xunta. El Juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela, encargado del caso, había rechazado la recusación de estos peritos, lo que fue recurrido de nuevo y ahora desestimado por el órgano judicial superior.

 

El recurso, presentado por la asociación Apafas, de perjudicados por el descarrilamiento del tren, y otros, cuestionaba el nombramiento de Carlos Carballeira y José Manuel Lamela e indicaba que la apariencia de imparcialidad se podía ver dañada por el hecho de haber sido designados por la Xunta Para los recurrentes, los designados tienen "interés directo en la causa" y, además, no tienen "especiales conocimientos técnicos en la materia sobre la que han de emitir su pericia".

 

No es de esa opinión la Audiencia Provincial, que considera que los peritos "cuentan con las titulaciones" requeridas, ingeniero industrial e ingeniero de caminos, y en su nombramiento "se ha seguido el procedimiento previsto al efecto". Además, tienen obligación de actuar de manera imparcial, sin que su vinculación laboral "genere interés personal que les inhabilite, ni constituya causa de recusación ni determine pérdidas de imparcialidad".

 

Para la sección de la Audiencia que vio el caso, se trata de una cuestión que "ha sido estudiada y resuelta por el Tribunal Supremo", con un "criterio jurisprudencial reiterado de que la cualidad de funcionario público de quien actúa como perito no constituye causa de recusación ni determina pérdida de imparcialidad".

 

Insiste el tribunal en que, "de seguir el criterio de la parte recurrente, hasta los dictámenes balísticos, grafológicos o dactiloscópicos deberían solicitarse por el Ministerio Público al sector privado, dada la vinculación laboral de los peritos que ordinariamente los emiten con el Ministerio del Interior, que promueve la investigación y persecución de los hechos delictivos". Por ello, rechaza el recurso contra el nombramiento de los peritos y confirma la resolución del juzgado instructor, una decisión ante la que no cabe recurso en vía ordinaria.  

Desestimado el recurso contra dos peritos por ser funcionarios de la Xunta
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