La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este lunes que trasladará al Parlamento de Galicia su acuerdo de investidura con el PSOE en una iniciativa en la que también reclamará a la Xunta de Galicia que trabaje “desde ya” para incrementar su autogobierno. “El acuerdo recoge la puesta en marcha durante el primer trimestre de 2020 de la comisión mixta de transferencias Estado-Xunta, una oportunidad para que se programen la totalidad de las transferencias pendientes", ha apuntado Pontón en una conferencia de prensa en el Parlamento de Galicia.
La líder nacionalista gallega ha indicado que las transferencias de competencias implican “voluntad de las dos partes”, por lo que, después de que el BNG “consiguiese desbloquear la situación del Estado”, sería necesario que la Xunta de Galicia “diese un paso adelante”, ha dicho. Por ello, ha expresado su esperanza de que la Xunta, y el PPdeG que está al frente del Gobierno autonómico, “no boicoteen esta oportunidad, este camino abierto por el BNG para mejorar el autogobierno, incrementar la capacidad de decisión desde aquí”, ha proseguido Pontón.
La dirigente del BNG ha precisado que trasladará este acuerdo a la Cámara gallega a través de una proposición no de ley y ha pedido al PPdeG y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que “no se dejen cegar por el sectarismo” en un momento “en el que parecen noqueados y bloqueados por todo lo que pasa en la política del Estado”, ha enfatizado. “Ningún gallego entendería un boicot al país”, toda vez que “boicotear este acuerdo es boicotear los intereses de Galicia”, ha subrayado.
Respecto a las transferencias concretas a reclamar, la portavoz del BNG se ha referido al traspaso “de todos los medios y servicios necesarios” para hacer efectiva la legislación autonómica sobre Policía “aprobada hace diez años en el Parlamento de Galicia”, lo que pasaría también “por la transferencia de las competencias en tráfico y seguridad viaria”. Otras transferencias a reclamar serían la del servicio de Salvamento Marítimo, la de las autopistas de titularidad estatal -AP-9 y AP-53- o las de Paradores, becas universitarias, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil o archivos y museos de titularidad estatal situados en Galicia, así como la participación directa de la autonomía en los órganos de la Unión Europea.
