El Parlamento gallego ha aprobado hoy por unanimidad la toma en consideración de una ley propuesta por el PSdeG para regular los derechos y garantías de los enfermos terminales.
La diputada socialista Carmen Acuña ha explicado que los derechos, las garantías y la dignidad una vez las personas llegan a una situación irreversible deben estar garantizados en una ley y deber ser aplicados a todas las personas por igual, independientemente de su edad, sexo o lugar de residencia. Acuña también ha señalado que su grupo pretende "iniciar un debate" sobre la eutanasia y que por eso no presenta una propuesta ley de máximos que incluya esta cuestión.
"Se trata de dar el primer paso, comenzar a hablar para llegar adonde el conjunto de los grupos y la mayoría parlamentaria permita. Con esta propuesta pedimos iniciar el camino, empezar a trabajar para conformar la ley más oportuna, acepten la toma en consideración", ha indicado la diputada socialista.
El diputado del PPdeG Miguel Santalices ha recogido el guante y ha puesto el límite en la eutanasia, de la que ha dicho que su grupo no está dispuesto ni a hablar ni a aceptar. "Nosotros definimos la eutanasia como la actuación profesional sanitaria para acabar deliberadamente con la vida de una paciente terminal a petición expresa del paciente (...) Todo lo que no se ciña a esta definición no es eutanasia y estamos dispuestos a hablar de ello", ha indicado Santalices, que ha mostrado la disposición de su grupo de "hablar de aliviar el sufrimiento y de humanizar el proceso de morir".
Acuña ha indicado que la propuesta que finalmente iniciará su trámite parlamentario incluye la definición de conceptos como la ortotanasia, "como buena muerte, en el sentido de muerte biológica a su tiempo" y la obstinación terapéutica, "situación en la que a una persona, que se encuentra en situación terminal o de agonía, se le inician o mantienen medidas de soporte vital u otras intervenciones carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo, en consecuencia, susceptibles de limitación".
Y también define la sedación en la agonía, que consiste en la administración deliberada de fármacos para producir una disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia en la persona cuya muerte se prevé próxima, con la intención de aliviar un sufrimiento físico y psicológico inalcanzable con otras medidas y con el consentimiento explícito, implícito o delegado de ella.
"Es una opción terapéutica útil y válida en pacientes cuidadosamente seleccionados por un equipo multidisciplinario, frente a casos refractarios de sufrimiento físico o existencial", indica la propuesta socialista. La iniciativa establece, además, los derechos a conocer, a estar informado sobre el estado de salud, a decidir, a rechazar una intervención, a recibir cuidados paliativos, a la confidencialidad, a no querer saber y a morir dignamente aunque una persona no esté anotada en el registro de instrucciones previas. La ley propuesta también regula qué sucede en caso de objeción de conciencia de modo que la Administración garantice, en caso de que algún profesional se acoja, que va a cumplir con los derechos de los pacientes.
Acuña ha agradecido el apoyo de los grupos parlamentarios y de las entidades sociales que han colaborado en la redacción de esta iniciativa que pretende "normalizar la muerte". La diputada de AGE Eva Solla ha alertado de que en Galicia se muere de un modo u otro, con dolor o sin él -en la medida de lo posible- en función del profesional que tome las decisiones sobre los enfermos terminales cuando, ha defendido, debería depender del paciente.
"Gran parte de la población está teniendo una mala muerte, algo terrible en un estado que tiene medios para evitar que esto suceda", ha incidido Solla, que ha mostrado su apoyo a la iniciativa socialista para regular por ley la muerte digna aunque ha advertido de que la aplicación de esta ley "depende mucho de la voluntad" de los gobiernos. Ha pedido, además, dejar a un lado la "hipocresía" que supone aprobar una ley como ésta ya que, si bien supone un avance, una ley autonómica no puede modificar ni el Código Penal ni la Ley general de Sanidad.
Montse Prado (BNG) también ha respaldado la iniciativa socialista y ha cargado contra la ley de garantías aprobada en solitario por el PP, que ha calificado de "oportunidad perdida" para regular el derecho de los gallegos a decidir sobre el final de su vida, "porque estaba demasiado ocupado en entregar la sanidad pública a la privada".
"La lucha por una muerte digna es una lucha por una vida digna", ha afirmado Prado, que ha defendido la relevancia de tener control sobre la propia vida y la propia muerte por encima de dogmas religiosos. La diputadas del Grupo Mixto Carmen Iglesias y Consuelo Martínez han mostrado su apoyo a esta iniciativa para garantizar por ley que las personas tienen derecho a una muerte digna.
