El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha afirmado hoy que la Justicia tendrá que "restaurar un orden jurídico que ha sido perturbado gravemente con este tipo de comportamientos", en referencia a las 51 detenciones de la Operación Púnica.
La operación ha provocado detenciones e imputaciones en Madrid, Valencia, Murcia y León, en todos los casos bajo la acusación de formar parte de una trama que supuestamente cobraba comisiones ilegales por la concesión de obras y servicios públicos, y que logró adjudicaciones por valor de 250 millones de euros tan solo en los dos últimos años.
Lesmes, que ha abierto este mediodía en A Coruña la reunión de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, ha explicado a los medios de comunicación que con este nuevo caso de presunta corrupción "no se acumulan los problemas", pues es su "obligación". "El mundo judicial está precisamente para dar una respuesta desde el ordenamiento jurídico y desde la ley a comportamientos ilícitos en las contrataciones.
Lo que pretendo es dar una respuesta adecuada en el fenómeno de la corrupción", ha indicado. Esta respuesta se dará "desde la ley", aunque es necesaria porque la corrupción "socava la democracia y provoca un enorme descrédito de las instituciones". "Nuestra obligación como jueces es ser ejemplares y responder con ejemplaridad a los problemas de la sociedad española", ha subrayado.
En ese sentido, el CGPJ "como institución del gobierno del poder judicial" tiene "el deber de hacer todo lo posible para que los jueces puedan actuar con este fenómeno" aunque sin "buscar jueces justicieros".
"Debemos actuar desde la ley, respetando las garantías de todos los justiciables tratar de restaurar un orden jurídico que ha sido perturbado gravemente con este tipo de comportamientos", ha añadido. En su opinión, las condenas a los corruptos son "una forma más de facilitar la convivencia entre los españoles y de contribuir a la paz social".
