El abogado que representa a Gadisa en la demanda contra NCG Banco y el FROB ha afirmado hoy en los Juzgados de A Coruña que "la inversión estaba perdida desde el mismo momento en que se realizó y eso, lamentablemente, el FROB y el banco lo sabían".
NCG Banco y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se han enfrentado hoy a la última sesión del segundo proceso judicial por la demanda de varios inversores gallegos que perdieron más de setenta millones de euros entre 2011 y 2012 tras la operación acordeón realizada en la entidad.
Gadisa aportó algo más de diez millones que perdió a pesar de que su presidente y consejero delegado, Roberto Tojeiro, era consejero de NCG Banco, aunque piensa que se le ocultaron datos. "La inversión estaba perdida desde el mismo momento en que se realizó y eso, lamentablemente, el FROB y el banco lo sabían", ha declarado el abogado durante las conclusiones.
Este letrado hace hincapié en un "balance confidencial remitido al Banco de España que reflejaba el ajuste retroactivo" que se envió, según ha dicho, el 10 de enero, apenas dos días antes de la compra de acciones de los inversores. En su opinión estos fueron "sacrificados por un interés superior", pues la entidad buscaba "menor impacto mediático" y "ocultar la situación" que mostraba una "entidad quebrada e inviable". Tojeiro afirmó ayer que de haber conocido que la entidad tenía que hacer un ajuste retroactivo de 948 millones de euros en marzo de 2012, pero aplicable a 31 de diciembre de 2011, no hubiera invertido.
La abogada del Estado que representa al FROB se ha mostrado muy crítica con esta afirmación y ha dicho que Tojeiro conocía la necesidad de este ajuste contable desde el 15 de diciembre de 2011 y realizó la compra el 12 de enero de 2012, según las actas de un consejo que contó con su presencia.
"No entendemos cómo puede disociarse mentalmente y conocerlo como consejero de NCG y no como presidente de Gadisa", ha añadido como respuesta a la cláusula de confidencialidad que tiene Tojeiro que, sin embargo, "firmó la compra". Desde su punto de vista este ajuste "es irrelevante" porque no provocó la pérdida de las inversiones que se produjo "un año después" tras varios cambios en la legislación y la muestra es que el presidente y el consejero delegado del banco perdieron 1,5 millones de euros: "¿Se van a engañar a sí mismos?", ha cuestionado. El primer perito que ha pasado por la sala ha llamado la atención sobre que la entrada del FROB era una "garantía" para los inversores que "si no estuviera no habrían entrado", pues vieron un banco que se presentó "saneado" y que cumplía "los requisitos de solvencia. "El banco no estaba saneado, estaba descapitalizado, no cumplía los mínimos legales. No era viable sin ayudas públicas. Los inversores financieros no pudieron conocer esto sino todo lo contrario, toda la información que se fue presentando refleja la imagen de un banco saneado y capitalizado", ha apuntado. De hecho "faltaban 948 millones de euros" para que se cumpliesen "los requerimientos mínimos" en el momento de realizar la inversión y esto no se hizo público, en su opinión, porque "podría afectar a los depositantes y, por lo tanto, a la operativa del banco". El perito llamado por el FROB ha considerado que "para cualquier lector de las cuentas resultaba evidente la necesidad de hacer un ajuste" y ha afirmado que "la entrada del FROB genera más desconfianza" en posibles inversores, pues "si tiene que entrar, por algo será", tesis contraria a la que sostienen los accionistas. Tras un enfrentamiento dialéctico con el abogado de los demandantes por una serie de datos y opiniones, éste ha dicho que se reserva "el ejercicio de acciones penales contra el perito por falso testimonio".
