Galicia ha elevado este martes sus alegaciones al borrador del proyecto por el que se regulan las características básicas de la nueva prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) e insiste en su reivindicación de una prueba única en el conjunto del Estado.
En un comunicado, la Xunta explica que sus alegatos se centran en una serie de aspectos “enfocados en garantizar la equidad y la igualdad entre los estudiantes independientemente de su comunidad de origen”.
Para ello, el departamento de Educación del Gobierno gallego requiere “un marco de análisis y unos criterios de evaluación homogéneos con niveles de exigencia y corrección similares”.
Además, la Consellería de Educación reitera su reivindicación de una prueba única en el conjunto del Estado ya, consideran, esa es la única vía “capaz de garantizar completamente la equidad, la igualdad de oportunidades y una justa concurrencia competitiva en el contexto de distrito único de acceso a la universidad”.
Desde la Xunta de Galicia insisten en que han tratado de abordar esta cuestión directamente con el ministerio competente pero que finalmente han optado por alegar en el marco de la fase de información pública del texto ministerial ante la falta de respuesta.
Así pues, el Ejecutivo autonómico carga contra la redacción del texto en el artículo 4.3 de este borrador en cuanto que alude a “procedimientos de coordinación destinados a homogeneizar la estructura general, los ejercicios y los criterios de evaluación”.
El Gobierno gallego considera que esta redacción, tal y como está, tan solo ofrece un marco general y “esquiva” uno de los problemas centrales a la hora de asegurar la equiparación de la prueba entre los distintos territorios, puesto que en la práctica “permitiría que un mismo grupo de profesionales pudiera elaborar para una misma materia exámenes de niveles de dificultad diferentes”.
Para atajar los efectos indeseables de este artículo, la Xunta propone que la redacción incluya, de manera explícita, que esto debe hacerse “mediante un control estandarizado de las pruebas que permitan homogeneizar su grado de dificultad”.
También demanda la creación de una comisión a nivel estatal encargada de “homologar las pruebas de cada comunidad autónoma como paso previo a su realización”.
Esta comisión, según la Xunta, además del control previo de homologación de las pruebas a nivel estatal, se encargaría de “revisar las cualificaciones obtenidas en todas las comunidades con la finalidad de ajustar los parámetros que preserven el principio de igualdad en el acceso a la universidad”.
Por último, la Xunta demanda que se aclare el régimen transitorio establecido en el borrador al considerar que conlleva a “cierta confusión” al decir, por una parte, que el nuevo modelo se implantará en el curso 2023-24 y, por otro lado, remitir a un proceso temporal intermedio” sin establecer ningún marco temporal.
Ante esta situación, pide que se especifique con total claridad el período de transitoriedad del modelo y hasta cuándo durará “dicha transitoriedad, en qué consistirá y cuándo se implantará el modelo definitivo”.
El Ejecutivo autonómico se ha mostrado crítico con la propuesta del Gobierno central y lamenta que, una vez más, redacte una norma de “forma unilateral” con la que, censuran, busca imponer “su único criterio, en lugar de apostar por un marco de trabajo conjunto basado en un diálogo real” con las comunidades.
