domingo 24/10/21
Partidos Judiciales

Galicia tendrá tribunales de instancia en las siete grandes ciudades

La reforma del Ministerio de Justicia no dejará a la Comunidad con solamente cuatro tribunales de instancia en las provincias, de manera que se mantendrán las sedes judiciales de Santiago, Vigo y Ferrol, una rectificación comunicada hoy por el responsable del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.

La reforma del Ministerio de Justicia no dejará a la Comunidad con solamente cuatro tribunales de instancia en las provincias, de manera que se mantendrán las sedes judiciales de Santiago, Vigo y Ferrol, una rectificación comunicada hoy por el responsable del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro ha escuchado tanto la demanda ciudadana como los mensajes enviados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y por su número dos, Alfonso Rueda, y lo ha hecho con la intención de respetar la realidad territorial gallega.

 

Tras una reunión entre Gallardón, Feijóo y Rueda celebrada en Santiago y anunciada con solo unas horas de antelación, el primero ha indicado a los informadores que "ha sido la Xunta de Galicia la que nos ha llevado a la reflexión de que el modelo, que sin duda es un buen modelo, podría ser modificado en algunos aspectos", es decir, haciendo que las "disfunciones" desaparezcan.

 

Ha querido insistir en que el cambio en el anteproyecto de la ley orgánica obedece únicamente a las "propuestas intensas" formuladas por el Ejecutivo gallego y que han estado basadas en "criterios objetivos" tendentes a evitar la presencia de sedes subordinadas con atribuciones reducidas en aras de reconocer "la realidad territorial de Galicia" y de mantener las comunidades judiciales con "tradición, peso e historia".

 

Así, esta reorganización del mapa judicial que establecerá la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) mantendrá los partidos judiciales, no supondrá el cierre de ninguna sede judicial y permitirá la creación de varios Tribunales de Instancia en cada provincia. Esta posibilidad será "excepcional" y aplicable siempre y cuando se cumplan los criterios territoriales, demográficos y sociales que se establezcan por ley, un hecho que no supone ninguna ruptura con el modelo inicial ni con los objetivos anteriores, ha explicado Gallardón.

 

Estos criterios se basan, fundamentalmente, en la existencia, con la entrada en vigor de la ley, de un "mínimo de unidades judiciales" suficientes para poder construir el tribunal y en el hecho de que exista una "actividad jurisdiccional" que así lo permita. "Donde existan realidades sólidas y consolidadas se podrá solicitar", ha añadido, y esta petición se tramitará a sugerencia de la Comunidad Autónoma correspondiente.

 

Este es un aspecto, ha señalado el ministro, que pretende "fomentar la flexibilidad" y disminuir el problema de la desigualdad de carga de trabajo entre los distintos juzgados, criterio por el cual se pueden conocer asuntos de otro partido dentro de la demarcación correspondiente. Además, no desaparece el "concepto de partido judicial", sino que "redefine sus funciones", ha detallado, y se continúa con la creación de las oficinas de paz, destinadas a ser las supresoras de los actuales juzgados de paz, que serán una "vía de comunicación directa" con el ciudadano. En su intervención, Feijóo ha subrayado que éste ha sido un paso necesario, "difícil y valiente", además de imprescindible para adaptar la justicia a la realidad actual a través de la "conciliación de intereses y realidades".

 

Así, ha dicho que la Xunta ha participado de forma "activa" en este proceso formulando propuestas, reuniones y contactos continuos con el Ministerio, a través de "alegaciones rigurosas" que estaban en coincidencia, ha afirmado, con los diferentes "sectores y actores" de la Justicia en Galicia. Feijóo ha resaltado que este es un día "muy importante" para la Comunidad, tras el anuncio de que existirán otros criterios que permitirán albergar órganos judiciales de primer nivel en ciudades como Santiago, Vigo y Ferrol, además de los diferentes partidos judiciales que por "tradición y vocación" la Xunta entiende que "han de permanecer".

 

Estos nuevos criterios, que han llevado al ministro a retroceder e indultar a Galicia, se aplicarán también al resto de Comunidades Autónomas y serán aprobados en septiembre, tras la presentación del anteproyecto en el Congreso de los Diputados, el cual se espera que entre en vigor en esta legislatura, aunque existirá un plazo de uno a dos años para adaptarse.

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