Galicia figura como la tercera comunidad con mayor percepción de discriminación hacia los trabajadores LGTBI, según un estudio del sindicato UGT, que prevé presentar iniciativas ante la tramitación actual de una legislación para garantizar los derechos sobre su concepción de género.
El representante de UGT, Toño Abad, autor un amplio informe con unas 4.000 encuestas en varios puntos de España acerca de la discriminación a personas LGTBI, precisó que Galicia se sitúa como "tercera de la cola", por detrás de las comunidades de Asturias y Murcia.
Al contrario, las zonas en las que ese colectivo tiene una mejor percepción de su aceptación en el ámbito laboral son las comunidades de Valencia, Cataluña y Madrid, comentó.
Mientras un 90 % de personas LGTBI consideran un "inconveniente" esa orientación sexual alternativa en el conjunto de España, en Galicia asciende a un 96 %, según la encuesta.
Así, mientras en el conjunto de España un 86 % de trabajadores considera necesario "ocultar" en el trabajo su género, en Galicia asciende al 91 %.
Un 40 % de trabajadores LGTBI en España sienten "rechazo" por su condición de género y en Galicia se eleva al 48 %, según el estudio.
Más grave todavía, mientras en el conjunto de España cuatro de cada diez personas confesaron haber sufrido una agresión en el trabajo, en Galicia esa proporción es de seis de cada diez.
Abad indicó en una conferencia de prensa que Galicia es una de las comunidades autónomas que dispone de leyes sobre protección de minorías LGTBI, pero "no las aplica", y consideró que "ese contexto socio-político tiene mucho que ver con la percepción de la discriminación".
En ese sentido, el representante de UGT señaló que ese sindicato aspira a presentar iniciativas para "incorporar a la legislación" actualmente en trámite sobre LGTBI "medidas de garantía de derechos" de esas personas.
Abad reprochó que la propuesta legislativa del Gobierno central es demasiado genérica y poco específica, de manera que el texto prevé fórmulas a favor de "incentivar y apoyar la negociación colectiva", pero consideró que hay que formular medidas concretas y "garantías" para evitar la discriminación de géneros con "protocolos" precisos e impedir agresiones.
Según Abad, las personas transgénero, es decir aquellas que llegan a cambiar de sexo con asistencia médica, son "las más discriminadas y las más perjudicadas", según el estudio que llevó a cabo, y que concluye que sufren "índices de violencia bastante inasumibles e inaceptables".
Además, subrayó que las personas LGTBI con discapacidad o migrantes sufren también elevados índices de exclusión laboral, junto con las "trans" que "no tienen adaptada su documentación" sobre cambio de sexo.
