martes 24/5/22

Garantizar una prestación eficiente y contribuir al cuidado de las aguas, claves de la nueva Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua

Las complejidades técnicas y económicas que conlleva la gestión del agua provocan que cada vez más ayuntamientos soliciten ayuda al Ejecutivo autonómico

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Las complejidades técnicas y económicas que conlleva la gestión del agua provocan que cada vez más ayuntamientos soliciten ayuda al Ejecutivo autonómico

La mitad de las depuradoras municipales de Galicia tienen un funcionamiento deficiente y estas ineficiencias han provocado gran parte de los 263 vertidos que aún soportan las rías gallegas

Gracias a la nueva ley que impulsa la Xunta, se podrán ahorrar hasta un 10% de los costes en la gestión del agua

La Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua que impulsa la Xunta podría entrar en vigor este verano, tras su aprobación por parte del Parlamento gallego en este periodo de sesiones. Así lo espera el Gobierno autonómico, para el que esta norma será un punto de inflexión en el cuidado de las aguas, fomentando la responsabilidad social, ambiental y económica en la gestión de este recurso natural.

De hecho, el objetivo de la nueva norma es precisamente proteger la salud pública y el medio, así como actividades acuáticas como la pesca, el marisqueo o el turismo, alcanzando un uso más racional de los recursos hídricos, el ahorro de agua y la optimización del funcionamiento de las redes de saneamiento, tanto para mejorar la depuración de las aguas residuales, como para prevenir la contaminación.

Para ello, la ley regulará el apoyo de la Xunta a los ayuntamientos que así lo soliciten voluntariamente en la gestión del agua. Durante la última década, la Xunta ha destinando más de 1.100 millones de euros para la ejecución de obras e infraestructuras hidráulicas en los distintos municipios gallegos.

La ayuda del Gobierno gallego a las entidades locales en el ejercicio de sus competencias ha contribuido a que la comunidad haya experimentado un salto cualitativo en la extensión territorial de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración que, ahora, pretende fomentarse más aún gracias esta nueva ley que impulsa.

Estas intervenciones e inversiones autonómicas incidieron en la mejora de los indicadores de la calidad de las aguas y en el nivel de cumplimiento de las normativas comunitarias en la materia, pero en aras de lograr unos servicios de mayor calidad y más eficaces, el Gobierno gallego ha decidido dar un nuevo paso para mejorar la gestión y el mantenimiento de estas infraestructuras.

Así, el nuevo marco normativo pretende amplificar el conocimiento de la realidad, fomentar la planificación y aumentar la profesionalización en la gestión del agua. Para ello, el Ejecutivo gallego ofrece a todos los ayuntamientos de Galicia la adhesión voluntaria a la gestión profesional de sus servicios de agua, de tal modo que se garantice una prestación eficiente todos días del año.

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Hasta el 40% del agua se pierde por fugas en las redes

Pese a que el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua son competencias municipales, estas labores llevan aparejadas tantas complejidades técnicas y económicas que cada vez más ayuntamientos gallegos piden la colaboración de la Xunta para llevar a cabo su gestión.

De hecho, la mitad de las depuradoras municipales de Galicia tienen un funcionamiento deficiente, según datos de la consellería de Infraestructuras y Movilidad, y hasta el 40% del agua se pierde en fugas en las redes.

Además, el alto coste de las infraestructuras, que se financian con millones de euros de dinero público, obliga a desarrollar una gestión eficiente que asegure su correcto funcionamiento, prestando un servicio de calidad a los ciudadanos las 24 horas del días y los 365 días del año.

Para ello, la Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua prevé un modelo de gestión profesional gracias al cual la Xunta creará y mantendrá actualizado un inventario de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración de Galicia que pondrá a disposición de los municipios. De igual modo, Augas de Galicia también acercará a los ayuntamientos directrices para mejorar la gestión del agua, para la redacción de planes de control de vertido a las redes de colectores, para el saneamiento en pequeños núcleos, para la optimización de la gestión de las pluviales o para la mejora energética de las instalaciones.

En este sentido, con la implantación de la nueva ley también se evitarán las ineficiencias en los sistemas de saneamiento y depuración causadas por infiltraciones de aguas de lluvia, de mar o de los ríos y que han provocado gran parte de los 263 vertidos que aún soportan las rías gallegas.

Adhesión voluntaria de los municipios

Una vez que la Ley entre en vigor, las entidades locales que lo soliciten de forma voluntaria podrán encomendarle al Gobierno autonómico la gestión de los servicios del agua, recibiendo a cambio un enorme apoyo técnico y económico. En la actualidad, ya hay 28 depuradoras municipales que la Xunta viene gestionando, y la demanda de ayuda por parte de los municipios para el ejercicio de las responsabilidades sobre la gestión de las infraestructuras hidráulicas ha venido siendo cada vez más persistente.

En aquellos municipios que soliciten que Augas de Galicia asuma la gestión de sus infraestructuras se realizará una auditoría integral que analizará cómo llega el agua por las redes de saneamiento, identificará vertidos, infiltraciones o excesos de caudal, entre otros parámetros. Si las auditorías evidencian la necesidad de ejecutar obras, los ayuntamientos únicamente tendrán que asumir un tercio del coste total, ya que la Xunta se compromete a financiar otro tercio de su coste y pudiendo el concello buscar el apoyo de otras administraciones para completar el presupuesto, por ejemplo, de las diputaciones provinciales correspondientes, dado que estas administraciones tienen el deber legal de prestar apoyo a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Dado que diputaciones como Pontevedra ya han manifestado su rechazo a colaborar, la Xunta ha apostado por una fórmula más flexible, abriendo la participación a otras administraciones y entidades, como las confederaciones hidrográficas estatales.

De este modo, siendo los concellos los que deberán buscar el tercio de financiación restante en el momento del acuerdo, los municipios que así lo soliciten recibirán ayuda de la Xunta para prestar adecuadamente y con eficacia los servicios municipales relacionados con la gestión del agua, que inciden en su calidad, en la sostenibilidad del medio natural, en la salud de las personas y en actividades económicas como la pesca, el marisqueo, la acuicultura o el turismo.

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Ahorro de costes de hasta el 10%

Otra de las ventajas para los municipios que se adhieran a la gestión de aguas por parte de Augas de Galicia es la garantía de que los precios del servicio serán transparentes e iguales para todos los ayuntamientos, con independencia de factores como la dispersión o la orografía, hechos que encarecen la prestación en muchos lugares de la geografía gallega.

En este sentido, cabe señalar que la nueva Ley no supondrá nuevas tarifas, sino que se limitará a reordenar las existentes. Además, la gestión agrupada de las infraestructuras y la aplicación de economías de escala permitirá ahorros de hasta el 10%.

En la actualidad, en la comunidad gallega se dan al mismo tiempo distintos modelos de gestión del agua, como la gestión municipal de los propios sistemas, los consorcios, mancomunidades y sociedades supramuniciopales, o depuradoras que son gestionadas directamente por Augas de Galicia.

La apuesta por una gestión agrupada de las infraestructuras y la aplicación de economías de escala implica menores costes derivados de la optimización de materiales, equipos y personal. De este modo, el conocimiento minucioso de los sistemas y de la ordenación completa de sus instalaciones permitirán llevar a cabo una gestión más profesionalizada y especializada, basada en la integración de servicios.

Se conseguirá también con esta nueva normativa una igualdad de trato a todos los municipios, con un modelo único y precios homogéneos para todos los municipios adheridos, algo que va en línea con el Pacto Local del agua firmado con la FEGAMP, que en su día contó con la participación activa de los Ayuntamientos y de las diputaciones provinciales para el impulso de un instrumento público e integral de todo el ciclo del agua.

Además, la nueva ley contribuirá a extender el apoyo que ya viene prestando la Xunta de Galicia a algunos concellos para gestionar ya no solo las depuradoras, sino también los colectores y los sistemas de abastecimiento “en alta”.

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