viernes. 29.03.2024

El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha imputado a varios exaltos cargos de la Xunta de Galicia en el marco de la Operación Zeta. El juzgado ha notificado este miércoles una providencia en la que se llama a declarar en calidad de imputadas a 23 personas más en esta operación, que se suman a las siete iniciales, informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

 

Entre los nuevos imputados destacan altos cargos de la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia que dejaron sus puestos por su presunta vinculación con la trama.

 

El exdirector general de Trabajo Odilo Martiñá; el exjefe de servicio de Empleo Joaquín Vila y el exdelegado de Bienestar en la provincia de A Coruña Alberto Álvarez están entre los nuevos nombres, tal y como consta en la providencia a la que Efe ha tenido acceso, y en los tres casos por tráfico de influencias y cohecho.

 

También figuran la jefa del servicio de Asuntos Generales del Instituto Galego de Consumo (IGC), María Isabel Caramés, y la directora técnica de la Escola Galega de Consumo, Esther Álvarez. Ambas son funcionarias, se les abrió un expediente para ver si hubo irregularidades, y han de responder por tráfico de influencias.

 

Entre los 23 nuevos imputados también se encuentra el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete del Capo, a quien se le imputa la posible comisión de un delito de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

 

María del Carmen Canel, esposa de Gerardo Crespo, quien está considerado como cabecilla de la trama, está imputada por la presunta comisión de un delito de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental. El 6 de febrero se iniciarán las declaraciones con los testimonios de las dos exempleadas de Caype que habrían destapado esta trama, y que comparecen en calidad de testigos.

 

La Policía Nacional detuvo el pasado 15 de octubre en Galicia a siete personas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública tras recibir más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas destinadas especialmente a la ejecución de actividades formativas.

 

La causa se sigue por los supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.

 

Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales. Las primeras declaraciones están señaladas para el mes de febrero y por el momento se prevé que continúen hasta abril.

 

Imputan a varios exaltos cargos de la Xunta en la Operación Zeta