El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó hoy en el Parlamento gallego el proyecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que sitúa a la Xunta a la cabeza de todas las Administraciones en lo que respeta a la transparencia y al libre acceso de los ciudadanos a la información. En su comparecencia parlamentaria, Alfonso Rueda recordó que esta normativa era una de las principales propuestas incluidas en el Programa de Impulso Democrático de la Xunta, un programa compuesto por cinco leyes y 50 medidas comprometido en el Parlamento por el presidente de la Xunta, a principios de año para reforzar la transparencia, la prevención de la corrupción y la mejora de la participación política.
Esta nueva legislación sobre transparencia y buen gobierno supone un auténtico paso adelante en la materia: yendo más allá de la ley que hasta ahora estaba en vigor en Galicia y siendo también más ambiciosa que la ley básica estatal, garantizando derechos, información a la ciudadanía de un gobierno fiscalizado y limitado. Asimismo, esta ley facilitará a los ciudadanos gallegos más información de la que disponían hasta ahora y más información de la que obliga a publicar a nivel nacional, y se hace por tres razones fundamentales:
para dar más información accesible a los gallegos, para garantizar el máximo control posible sobre el régimen de incompatibilidades y para cumplir el compromiso de establecer una completa regulación sobre el traspaso de poder y a labor de los Gobiernos en funciones. El titular de la Vicepresidencia incidió que esta ley está asentada en cuatro ejes de actuación que son la publicidad activa, derecho al acceso, incompatibilidades y transición entre gobiernos.
Publicidad activa
En el campo de la publicidad activa, este proyecto de Ley supone un avance respeto a la Ley del año 2006 que detallaba una serie de deberes de publicación de información en internet. Aumentara la información a disposición permanente de la ciudadanía, que ya lleva haciendo desde algún tiempo tal como muestra Transparencia Internacional, la organización que evalúa esta materia en España.
Que nueva Ley aumentara la transparencia de la administración paralela ya que obligara a haber publicado en la web todas las retribuciones de su personal directivo y sus contratos-programa y planes de actuación; aumentara la transparencia de la actividad legislativa, para conseguir un ordenamiento jurídico más homogéneo, y comprensible para la ciudadanía. Además, se publicará en el Portal de Transparencia a información sobre los efectivos de personal público; los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo y los convenios colectivos; las ofertas públicas de empleo y los procesos de selección del personal y el número y coste de los liberados sindicales.
En la misma línea, aumentara la transparencia en la actividad contractual de la Xunta. Después de la puesta en marcha de la Plataforma de Contratos de Galicia y de la mejora de la negociación efectiva de los procedimientos negociados, esta nueva ley deber a publicar también la composición de las mesas de contratación o las formalizaciones de los contratos. Y en el campo del urbanismo, en el Portal de Transparencia estará la disposición de la ciudadanía todos los Planes Generales de Ordenación Municipal y sus modificaciones y revisiones. En total, fueron incluidos más de 50 elementos a mayores de los que venían obligados por la ley básica o por la ley gallega previa.
Derecho de acceso
En este campo, el vicepresidente de la Xunta destacó el salto cualitativo respeto a la legislación anterior en la regulación del derecho de acceso a la información pública, que tiene como premisa fundamental considerar que la información pública es propiedad de la ciudadanía y no del gobierno, y que incorpora varias de las recomendaciones que señalan las organizaciones internacionales de defensa de la transparencia, como el derecho de la ciudadanía, la que el personal público a oriente y la asesore para el ejercicio de este derecho, la asignación a un órgano de independencia probada, como es el Defensor del Pueblo, de la facultad de supervisar el cumplimiento de esta ley y de la función de resolver las reclamaciones de la ciudadanía sobre información denegada; y la previsión de sanciones para los responsables públicos que vulneren este derecho.
Incompatibilidades
En el relativo al control público sobre el régimen de incompatibilidades existente en Galicia, esta nueva ley lo amplía, extendiendo a todos los altos cargos, y no sólo a los miembros del gobierno, el deber de publicar, tanto en el momento de su nombramiento como en el momento de su cese, su situación patrimonial. Será obligatorio incluir en la declaración pública de actividades las desempeñadas en los dos años previos y las participaciones empresariales de las que había habido que desprenderse para ejercer cómo alto cargo. Y será también obligatorio hacer pública una declaración patrimonial en el momento del nombramiento. Y será también obligatorio una *segunda declaración patrimonial en el momento del cese, que revele las variaciones producidas.
Pero además diera control interno y externo en los momentos de entrada y salida también si límite el control del alto cargo durante su ejercicio, ya que se le obliga a la abstención en todo asunto que involucre a una empresa en la que él o su cónyuge habían estado vinculados en los dos años previos a la toma de posesión, se le exige la adhesión al Código Ético Institucional, cuya existencia se *blinda con rango legal y que, limita al máximo los obsequios que estas personas pueden recibir de particulares. Al igual que establece sanciones muy duras, tanto en la inhabilitación como en el económico, para aquellas personas que vulneren los deberes de incompatibilidad y conflicto de intereses que se recogen en la ley.
Transición entre gobiernos
Por último, Rueda resaltó en sede parlamentaria que entre las normas de buen gobierno, se recoge la regulación de los gobiernos en funciones y de los traspasos de poder, una laguna normativa que era necesario resolver y cuya resolución era un compromiso electoral, y que el gobierno actual de la Xunta será el primero de la historia de la autonomía en ver limitadas sus actuaciones en el período en funciones.
En el año que viene, una vez se disuelva la Cámara, este gobierno no podrá comprometer a firmar convenios, ni convocar plazas públicas ni adquirir compromisos extraordinarios de gasto. Por lo que el siguiente gobierno, sea de este partido o de otro, será también el primero de la historia de Galicia que reciba un informe de gestión en el que se le detallen la situación económica, la situación de personal y todos los deberes a las que está sujeto por los convenios o contratos vigentes.
En la misma línea, la nueva Ley establece también lo que debe hacerse para facilitar el proceso de traspaso de poder, como que cada consellería elabore un informe de gestión en el que se detalle la ejecución presupuestaria, los compromisos de gasto asumidos, los deberes pendientes de pago o los contratos y convenios vigentes. Dichos informes de cada departamento serán agrupados en un único documento y serán transmitidos del presidente saliente al presidente entrante, garantizando por lo tanto la debida información para que el nuevo gobierno pueda comenzar a tomar decisiones desde lo primer minuto.
Por tanto, como señaló Rueda, presentar una ley que va a permitir ofrecer a los gallegos un mejor acceso a la información pública y muchos más datos de los que se estaba obligado a dar hasta ahora; que los ciudadanos sepan de donde vienen los cargos públicos, cuál es su patrimonio cuando llegan al cargo y cuando lo abandonan y la donde van cuando dejan sus funciones; y restringir la capacidad de los Gobiernos en funciones y establecer lo que deben hacer en los traspasos de poder.
