viernes. 29.03.2024

La Xunta, tras un trabajo definido como intenso y con un exhaustivo estudio de cálculos, ha puesto sobre la mesa cómo atajar el "gran negocio" de Audasa a través de la amortización por vía presupuestaria de las obras ejecutadas de ampliación de la AP-9 de modo que se eviten las subidas de tarifa extraordinarias previstas para los próximos años. Considerando consolidadas las ya implementadas, y revisando las condiciones establecidas en el cuestionado Real Decreto 1733/2011, pues un pago anual de la Administración a la concesionaria durante un lustro de 53,19 millones de euros evitaría nuevos incrementos extraordinarios de peajes en esa autopista vertebradora.

 

Esta es la primera medida expuesta, mientras que la segunda pasa por la anunciada bonificación del 25% en el coste para aquellos usuarios que realizan un mismo trayecto de ida y vuelta en el mismo día, a aplicarse tanto en el viaje de ida como en el de vuelta -controlable con el dispositivo OBE- y que beneficiaría igualmente a vehículos pesados y, al conjunto, todos los días, incluidos fines de semana. El coste anual, para el primer año, se estima en 12,9 millones de euros, tal y como han señalado en rueda de prensa este lunes la conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, y el director de la Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez.

 

La responsable de la mencionada cartera autonómica ha indicado que se da respuesta a un "clamor social" y ha incidido en que los términos del acuerdo vigente suponen un "gran negocio" para Audasa con aspectos que resultan "desconcertantes", a la par que otros que ve directamente "escandalosos". La intención es elevar estos planteamientos a todos los foros en los que sea posible, conseguir el respaldo de la totalidad de partidos y trabajar "desde la responsabilidad", algo en lo que no tiene cabida el "rescate", con el que solo ganaría Audasa -ha manifestado- y que "sería inviable" al tratarse de un único e inabordable pago y por suponer, por ende, no ser "responsable con los recursos públicos".

 

Los ingresos de las administraciones no suben "exponencialmente", ha resumido, y ha añadido que hay servicios (sanidad, educación...) "blindados" porque son "sagrados". Ethel Vázquez ha dado por hecho que Audasa irá a un contencioso pero ha recordado que ya hay "precedentes de poder revisar a la baja" como ocurrió tras el acuerdo que firmaron el gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño (presidente socialista) y Anxo Quintana (BNG y socio de ese Ejecutivo) y el Ministerio de Fomento de aquel entonces, el cual la actual Xunta y el Gobierno de Mariano Rajoy revisaron a la baja por contener un "enriquecimiento injusto" para Audasa y ser, por tanto, negativo para los gallegos.

 

La conselleira ha remarcado que la aplicación del incremento de tarifas de la AP-9 en las condiciones pactadas ahora, por el PSOE, con la concesionaria agrava "considerablemente" el desequilibrio territorial con Galicia al respecto del pago por el usuario de los peajes de las autopistas. En este sentido, ha hecho hincapié en que, sin cambios, conlleva una subida extraordinaria acumulada del 22,02% en las tarifas para el año 2043, que se eleva a un 26,93% por la aplicación de otro real decreto, el 104/2013. En suma, la aplicación del 1% acumulativo anual del citado RD 1733/2011 implica un pago total adicional por parte de los usuarios, considerando el efecto del IPC, de 1.463,05 millones de euros para la financiación de unas obras que ascienden a 223,22, ha zanjado.

 

La posición de Galicia es de "agravio", ha incidido, y la misma tiende a "acentuarse" por ese real decreto que contempla financiar obras con cargo a incrementos de peaje acumulativos y que ha llevado, ha ejemplificado, a que en cuatro meses se produjese una subida del seis por ciento, que es cinco veces más que el IPC.

 

"Los términos del acuerdo firmado en 2011 suponen un gran negocio para Audasa y un gran perjuicio para los gallegos", con cuestiones "inexplicables" y compensaciones "absolutamente injustificadas". Es "injusto, inaceptable", ha afirmado, y ha enumerado la existencia de costes de conservación que "no existen" -es obra nueva-, por lo que habría que eliminar este concepto; la bonificación de más de 200 millones de euros como consecuencia del impuesto de sociedades (el mismo remedio que en el caso anterior) y el interés del 8% fijo sin capacidad de revisión, algo que, entiende, se ha de modular y de modo notorio.

La Xunta idea cómo cortar el "gran negocio" de Audasa con "medidas realistas"