miércoles. 29.06.2022
Desahucios

La Xunta mantendrá activas las medidas que mitigan el drama de los desahucios

La Consellería de Infraestructuras y Vivienda mantendrá activas durante 2017 la docena de medidas de lucha contra los desahucios aplicadas durante el año actual, que han contribuido a mitigar este drama, que se agravó con el inicio de la crisis económica.

La Consellería de Infraestructuras y Vivienda mantendrá activas durante 2017 la docena de medidas de lucha contra los desahucios aplicadas durante el año actual, que han contribuido a mitigar este drama, que se agravó con el inicio de la crisis económica. La intención del departamento que dirige Ethel Vázquez es, en el próximo ejercicio, continuar trabajando para que las 12 medidas puestas en marcha hasta la fecha sigan ayudando a las familias gallegas y lleguen a todas aquellas personas que las puedan precisar.

 

Para continuar en la senda marcada, ha informado este departamento autonómico, siendo Galicia una de las Comunidades en las que más ha descendido el número de ejecuciones hipotecarias, los presupuestos de la Xunta para 2017 presentan un aumento del 8% para el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) en este aspecto, poniendo a disposición de este organismo más de 10 millones de euros para facilitar el acceso a un hogar reforzando las medidas existentes y creando otras. De este modo, el Gobierno gallego impulsará programas pioneros como el 'Rehaluga', complementario al Programa de Viviendas Vacías, que consistirá en subvenciones a la rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.

 

El propietario de la vivienda, en contraprestación a la ayuda que reciba para la realización de obras de rehabilitación, se compromete de forma voluntaria a incorporar la vivienda al Programa de Viviendas Vacías de la Xunta, con un precio de alquiler tasado y reducido en función del importe de la ayuda recibida. Esta iniciativa persigue un objetivo doble, ya que, con ella, el Ejecutivo busca reducir el número de viviendas desocupadas o en mal estado y, a su vez, tratar de dar respuesta a la necesidad de vivienda de algunas familias mediante alquileres a precios reducidos.

 

Según el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", redactado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los tres primeros trimestres del año Galicia acumula 1.749 desahucios, lo que supone un descenso del 4% frente a los primeros nueve meses de 2015, lo que sitúa a la Comunidad como la segunda autonomía con menos ejecuciones hipotecarias. Desde la Xunta, defienden el paquete de medidas implementado a lo largo de los pasados años, que ha contribuido al descenso de los desahucios en Galicia.

 

Entre estas iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo, y a las que los ciudadanos gallegos que cumplan los requisitos se pueden acoger, destacan la dación en pago de las viviendas protegidas, o el programa de Realojo de Afectados por Ejecuciones Hipotecarias. A través de este programa, la Xunta ofrece un domicilio alternativo a todas las personas que pierdan su única vivienda a través de un procedimiento de ejecución hipotecaria y que acrediten tener unos ingresos ponderados inferiores a 2,5 veces el IPREM.

 

Por otro lado, a través del acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), existe un protocolo de actuación conjunta para detectar los casos de especial vulnerabilidad en procedimientos de lanzamiento de vivienda familiar para adoptar medidas de carácter social que eviten los efectos de la pérdida de vivienda. Los afectados por este tipo de procedimiento judicial pueden presentarse con el convenio en el juzgado con el objetivo de poder acogerse a sus beneficios, que incluyen la posibilidad de suspensión temporal del alzamiento hasta conseguir una alternativa de vivienda.

 

A esta medida, se suma el "Programa Reconduce", un servicio de carácter preventivo para dar apoyo integral a las personas y familias en riesgo de desahucio. La Xunta también ha suscrito diferentes convenios con entidades financieras para luchar contra los desahucios, de forma que la Sareb se comprometió con el gobierno de Alberto Núñez Feijóo a ceder inmuebles de su propiedad para destinarlos a personas en dificultades a través de alquileres sociales, concediendo prioridad a los afectados por procesos de desahucio.

 

En el mismo sentido se llegó a otro acuerdo mediante el cual las entidades de crédito se comprometen a no desalojar de sus viviendas a clientes afectados por procesos de ejecución hipotecaria, permitiéndoles permanecer en las mismas en régimen de alquiler social con una renta máxima de 75 euros al mes.

 

También continuarán vigentes el próximo año algunas de las consideradas medidas estrella del Ejecutivo durante la pasada legislatura, como el bono de "Alquiler Social", que facilita apoyo urgente, inmediato y puntual a las familias a través de una ayuda de hasta 200 euros mensuales, y otra ayuda extra de 600 euros para hacer frente a pagos atrasados o a gastos de formalización de un nuevo contrato. En la actualidad, ya son más de 200 familias las que se benefician de esta ayuda. Además, el Gobierno gallego ha dado el visto bueno a un "refuerzo" en el denominado bono de alquiler social, con una aportación de cinco millones, de modo que el periodo de beneficio pasará de dos a tres años y también podrán disfrutarlo más colectivos.

 

Los dos nuevos colectivos son arrendatarios de viviendas de promoción pública propiedad de la Xunta cuya vigencia del contrato finalizase después de la entrada en vigor de la orden, y personas a las que, por concurrir circunstancias de emergencia social y no alcanzar los ingresos necesarios establecidos en el programa de viviendas vacías, la comisión de seguimiento y coordinación de dicho programa les proponga la adjudicación de una vivienda en el marco del mismo. Asimismo, el Ejecutivo gallego persistirá en el Programa de Viviendas Vacías, otra de las 12 medidas activadas por la Xunta, que cuenta con el apoyo de la Fegamp, para movilizar viviendas desocupadas, contando con la colaboración de los ayuntamientos, con el fin de destinarlas a alquiler social.

 

A finales del 2016, son 29 los ayuntamientos gallegos que firmaron su adhesión al programa, para el que la Xunta financia una serie de garantías, como un seguro multi-riesgo del hogar y un seguro de garantía de cobro de la renta en las mensualidades impagadas que incluye asistencia y defensa jurídica. De momento, hasta 1.100 familias han sido atendidas con alguna de las doce medidas del programa contra los desahucios.

La Xunta mantendrá activas las medidas que mitigan el drama de los desahucios
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